Iberdrola da marcha atrás y abandona su proyecto fotovoltaico en Arcos

Iberdrola ha comunicado oficialmente su renuncia al proyecto de planta fotovoltaica que llevaba años tramitando en el término municipal de Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

La decisión supone el final de uno de los procesos de oposición vecinal más organizados y persistentes que ha vivido el municipio gaditano en los últimos años, y una victoria para la asociación Montes de Belén, que desde el primer momento se movilizó contra una instalación que consideraba una amenaza directa para el paisaje, el patrimonio arqueológico y la calidad de vida de varias barriadas rurales del municipio.

El delegado municipal de Urbanismo, Salvador Valle, trasladó personalmente la decisión de Iberdrola a los vecinos y vecinas de la citada barriada rural.

Con ello se cumple una reivindicación de la asociación vecinal, que se temía por un grave impacto en el paisaje de su zona debido a la gran superficie que abarcaría la planta de placas solares, en torno a 600 hectáreas en terrenos anexos a la carretera de Algar, La Merced, Canillas y a la propia barriada de La Perdiz.

Un proyecto con enorme impacto territorial

Para entender la dimensión de lo que los vecinos lograron frenar, hay que tener en cuenta la escala del proyecto que Iberdrola tenía sobre la mesa. La planta fotovoltaica proyectada contaba con una potencia de 246,5 MW.

La superficie incluida dentro del vallado perimetral sería de 595,67 hectáreas, con una superficie ocupada por los módulos de 148 hectáreas.

La instalación se dividiría en 26 recintos, de los cuales 13 se habrían proyectado sin módulos. La infraestructura complementaria era igualmente significativa: para acceder a la planta se proyectaban 6,80 kilómetros de viales de nueva construcción y 4,24 kilómetros de caminos ya existentes, con una vida útil estimada superior a 25 años.

Una instalación de esas dimensiones, ubicada en los terrenos que rodean cuatro barriadas rurales, habría transformado de forma permanente el paisaje de una zona de alto valor natural y agrícola en el entorno de la Sierra de Arcos. Y todo ello con una vida útil que garantizaba que sus efectos sobre el territorio se extenderían hasta mediados del siglo XXI.

Dos años de lucha vecinal con asesoramiento jurídico

Vecinos de Arcos de la Frontera y representantes de la asociación AMA Natura Ecologistas en Acción se reunieron en la barriada rural La Perdiz para valorar el proyecto y sus posibles efectos en el entorno natural y social.

Durante el encuentro se analizaron aspectos clave como la ubicación en un área catalogada de alto interés arqueológico, la superficie de terreno que ocuparía, las afecciones a los suelos agrícolas y el impacto sobre las viviendas y explotaciones familiares próximas.

En aquel momento, la situación de los afectados era difícil. Los vecinos denunciaron que el Ayuntamiento de Arcos no les había proporcionado información clara ni suficiente sobre la planta solar y que sentían una situación de indefensión y abandono institucional.

Las asociaciones mostraron su inquietud por la pérdida de suelo fértil, el deterioro del paisaje y la cercanía de la planta a viviendas habitadas y explotaciones agrarias y ganaderas. Además, señalaron que la mayoría de los vecinos eran personas mayores que carecían de medios técnicos o conocimientos para presentar alegaciones a través de los canales administrativos establecidos.

La situación cambió cuando los vecinos buscaron apoyo especializado. Todo el proceso de alegaciones contra la planta estuvo asesorado por el abogado de Ecologistas en Acción en Cádiz, después de que los propios vecinos contactaran con esta organización medioambiental. El respaldo jurídico transformó una protesta vecinal en un proceso formal de impugnación con capacidad real de influir en la decisión final de Iberdrola.