Huelga masiva en Andalucía: medio millón de empleados públicos exige aumento de sueldo
Un total de 536.730 trabajadores del sector público de Andalucía han anunciado, con la colaboración de varios sindicatos, su intención de ir a la huelga si no se produce una subida salarial acorde al IPC
La comparecencia de Pedro Sánchez. Foto: RTVE Directo
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Más de medio millón de empleados públicos andaluces, en concreto 536.730 trabajadores, han lanzado una seria advertencia al Gobierno central: si no se produce una subida salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo derivada del incremento del Índice de Precios al Consumo o IPC, irán a la huelga general en diciembre, tal y como ha informado El Español.
Así lo han anunciado los sindicatos CSIF, UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO durante las manifestaciones celebradas en toda España, incluidas varias en Andalucía. Un asunto que viene de lejos, provocado por una gran deuda recalcada por los sindicatos, en el que podría convertirse en un serio problema en el sector público de Andalucía.
Una deuda de más de 300 millones… y una reclamación de los sindicatos para negociar
Todo estalló durante la marcha celebrada en Madrid, donde representantes de CSIF aseguraron haber logrado un compromiso de reunión con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para la próxima semana, con el fin de discutir la situación salarial del personal público. Los sindicatos insisten en que el Gobierno ha agotado el tiempo y debe abrir la negociación colectiva de manera inmediata para evitar el conflicto laboral que se avecina.
“Estamos aquí para pedirle al Gobierno que abra la negociación colectiva del salario para que nuestras nóminas no sigan congeladas”, declaró Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía, durante la protesta. Según explicó, los empleados públicos han perdido hasta un 20% de poder adquisitivo desde 2010, y solo este año se han dejado alrededor de un 3% de su salario real por efecto de la inflación.
No obstante, estas no fueron las únicas cifras que salieron a la palestra: las centrales sindicales denunciaron que el Gobierno adeuda más de 300 millones de euros a los trabajadores públicos andaluces por la no actualización de los sueldos al IPC real. Consideran que esta situación constituye una pérdida salarial injustificada que está afectando directamente a la motivación del personal y al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o la justicia.
En base a esto, los sindicatos reclaman un nuevo acuerdo plurianual que garantice la recuperación del poder adquisitivo y un refuerzo del empleo público. A su juicio, esta mejora no solo beneficiaría a los trabajadores, sino también a la calidad del Estado del bienestar: “Pedir la subida de sueldo para los empleados públicos es defender los servicios públicos, que son el pilar de la atención a la ciudadanía”, recalcan las organizaciones convocantes.
Una huelga que podría paralizar por completo Andalucía
Todo ello conduce a un gran problema tanto para el Gobierno como para el sector público andaluz, que puede convertirse en uno aún mucho mayor. Y es que si el Gobierno no atiende las demandas antes de diciembre, la convocatoria de huelga sería una de las más grandes en la historia de Andalucía, con la participación potencial de más de medio millón de empleados pertenecientes a distintas administraciones.
Según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de 2025, la Junta de Andalucía emplea a 332.000 personas, los ayuntamientos y entidades locales cuentan con 116.000 trabajadores, y el Estado tiene en la comunidad a 88.000 empleados, lo cual supone una enorme cantidad de personas que dejarían de cumplir sus funciones.
Una huelga que podría suponer un bloqueo completo a la actividad institucional y administrativa en la región, afectando a sectores esenciales como sanidad, educación, justicia, servicios sociales y transporte público. Los sindicatos subrayan que la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la desmotivación laboral ya están pasando factura a la ciudadanía, y que una huelga prolongada podría agravar aún más la situación.
Es un hecho que, con más de 530.000 empleados públicos, Andalucía lidera el ranking nacional de personal al servicio de las administraciones, superando incluso a Madrid, que cuenta con 450.000, y a Cataluña, con 380.350. Esta realidad convierte a la comunidad en un territorio clave para el funcionamiento de los servicios públicos del país.
Y lo cierto es que las protestas parecen estar teniendo su fruto en el sector público andaluz, ya que la alta concentración de personal público hace que una movilización de esta magnitud tenga un impacto potencialmente devastador tanto a nivel económico como social. Los sindicatos aseguran que su intención no es paralizar Andalucía, sino “forzar al Gobierno a escuchar y actuar”, pero advierten que la paciencia se agota.
Una movilización que, según los sindicatos no se limitan a una cuestión salarial, sino que busca impulsar una transformación estructural de los servicios públicos. En su declaración conjunta, afirmaron que “se necesitan cambios profundos para la imprescindible transformación y modernización de los servicios públicos”, que pasan por revertir los recortes de las dos últimas décadas y garantizar plantillas estables y dignamente retribuidas.
Con todo ello, y a la espera de la reunión anunciada con el Gobierno central, los sindicatos han dejado claro que la convocatoria de huelga sigue sobre la mesa y que la protesta se intensificará si no hay avances concretos. Andalucía, con su peso específico en el conjunto del sector público español, se perfila como el epicentro del conflicto laboral, que podría extenderse al resto del país si el Ejecutivo no responde con una propuesta satisfactoria.
