Nuevo requisito en Andalucía: los estudiantes tendrán que obtener el B2 en idiomas
La nueva ley de universidades obligará a los estudiantes a acreditar un B2 en un idioma extranjero a partir de octubre de 2029
Nuevo requisito en Andalucía: los estudiantes tendrán que obtener el B2 en idiomas
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Un gran cambio educativo se avecina en Andalucía de cara a los próximos años. Un cambio que, además, traerá consigo opiniones de lo más diversas, pues el Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la nueva ley de universidades que obligará a los estudiantes a acreditar un nivel B2 en un idioma extranjero para poder obtener su título de grado a partir del curso 2029-2030.
La medida, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2029, eleva la exigencia lingüística actual, situada en el B1, y forma parte de la estrategia de la Junta para “modernizar” y “hacer más competitiva” la universidad andaluza. Según la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, resulta clave que los alumnos cuenten con una certificación equivalente al First Certificate.
Un cambio que eleva el listón a los idiomas en los centros de estudio andaluces
Una medida que ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, sin el respaldo del resto de grupos parlamentarios, que votaron en contra. El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, defendió que su equipo ha trabajado “para intentar conseguir el máximo apoyo posible”, aunque finalmente la ley no concitó consenso.
En la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación, tanto representantes del alumnado como del profesorado expresaron dudas sobre la idoneidad de la medida, pues supone un gran cambio respecto al panorama actual. Y es que hasta ahora, los universitarios andaluces debían acreditar al menos un nivel B1 en un idioma extranjero para graduarse, requisito implantado de forma paulatina desde 2010.
En su momento, aquella exigencia supuso un choque para un sistema en el que el dominio de idiomas era minoritario. Con el paso de los años y tras la puesta en marcha de distintos planes de impulso y ayudas, el B1 se consolidó como un requisito habitual. Sin embargo, la nueva ley eleva el listón al B2, lo que afectará por primera vez a los estudiantes nacidos en 2011, que actualmente cursan tercero de la ESO.
La Junta, por su parte, justifica la decisión en la necesidad de reforzar la competitividad del sistema universitario andaluz. En este sentido, precisamente desde el PP, el diputado José Carlos García defendió que se trata de una norma pensada para los estudiantes y aseguró que “avanza aún más en los programas de apoyo para alcanzar un nivel B2”.
Ahora bien, otro de los aspectos que más polémica han generado radica en que el propio texto legal contempla que las universidades puedan incorporar enseñanzas de idiomas en sus planes de estudio, fomentando así el plurilingüismo. Además, la acreditación de idiomas será también necesaria para acceder a plazas de ayudante doctor y profesor contratado doctor cuando estas constituyan la vía de incorporación a una universidad pública.
Y lo que es una realidad ineludible es que, hasta la fecha, en la práctica, la exigencia lingüística ya genera dificultades con el actual B1. En centros como la Universidad de Sevilla, existe una bolsa de hasta 600 alumnos que no se gradúan por no disponer de esta acreditación en ningún idioma extranjero.
Unas críticas que giran en torno a un trato desigual a universidad pública y privada
La medida, como era de esperar, ha traído consigo un amplio número de detractores, comenzando por la oposición, que ha cargado contra la norma, especialmente por lo que considera un trato desigual entre la universidad pública y la privada. El diputado socialista Antonio Ruiz denunció “guantes de seda para las privadas, pocas exigencias para ellas y, sin embargo, nuevos derechos, como, por ejemplo, entrar en el pleno del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria”.
En la misma línea, el parlamentario andalucista José Ignacio García interpretó la ley como un paso más hacia la “privatización” del sistema universitario. Sin embargo, más allá de esto, otra de las críticas principales se centra en el impacto social de la medida. La diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, advirtió de que “la capacitación del idioma es una de las cuestiones que más indica el nivel socioeconómico del alumnado”.
Aunque la propia Esperanza Gómez reconoció que “está muy bien que se exija” un nivel superior, alertó de que puede suponer “una dificultad adicional” para estudiantes becados que parten con “diferencias de partida”, en lo que se ha consolidado como el foco principal de desigualdad del que acusan a esta medida.
Por otro lado, en lo que respecta a la opinión del alumnado, este tampoco respalda mayoritariamente el endurecimiento del requisito. Según el Barómetro del Centra, el 59% de los universitarios prefería mantener las exigencias actuales, frente al 20,5% que apoyaba elevarlas al B2. Por otro lado, un 15% se mostraba contrario a cualquier obligación lingüística.
Y es que en la propia Consejería reconocen que solo el 40% de los alumnos de universidades públicas andaluzas cuenta actualmente con un B2 o superior. Para afrontar esta situación, la ley prevé que el Modelo de Financiación de las universidades públicas incluya un programa de becas y subvenciones destinado a facilitar que los estudiantes obtengan el nivel exigido.
