Así hinchan las 'telecos' sus paquetes convergentes sin que te des cuenta

Los "fusión" de las telecos exprimen al cliente un 18% más en dos años

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La política del "más por más" es la estrategia principal de las operadoras para engordar la partida de ingresos año tras año

Barcelona, 24 de septiembre de 2018 (04:55 CET)

El consejero delegado de Orange en España, Laurent Paillassot, manifestó públicamente el pasado martes que las compañías de telecomunicaciones deben terminar con la guerra de tarifas en las que se instalaron desde la llegada del verano.

El directivo cree que las promociones, con el fin de retener clientes y captar los de la competencia, son cada vez más agresivas. Pero también es cierto que en los últimos dos años las tres principales empresas del sector encarecieron el precio de sus paquetes convergentes, asegurándose un buen pellizco en su partida de ingresos.

Bajo la política del “más por más” (más dinero a cambio de más prestaciones, como capacidad y velocidad de navegación o llamadas ilimitadas) las diferentes compañías han encontrado el modo de exprimir la rentabilidad por usuario. Telefónica bautizó sus paquetes como Fusión, Orange lo hizo en un inicio con el nombre Canguro — ahora conocidas como Love—  y Vodafone hizo lo propio con One

La compañía presidida por José María Álvarez Pallete, pionera en esta práctica, puso en valor en julio la mejora del ingreso medio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) gracias a la oferta convergente de Movistar. Y es que en dos años, semestre sobre semestre, los clientes Fusión en España han pasado de aportar 1.994 millones de euros a 2.371 millones, aproximadamente el 18% más.

Las subidas de Orange y Vodafone

Orange, por su parte, aunque en 2016 no especificaba en su cuenta de resultados cuánto ingresaba en España por su oferta convergente, en su última presentación de cuentas, el 26 de julio, reveló que hasta la fecha recaudó 1.065 millones, un 5% más que el mismo periodo del año anterior.

Sus tarifas Love (de 50 y de 300 mb) han subido tres veces en menos de 18 meses: una el año pasado y otras dos este. Los incrementos han ido desde los dos hasta los cinco euros, dependiendo de la tarifa contratada.

Y Vodafone, el operador británico, ya acumula con su servicio One (fijo, móvil y de televisión completamente integrado) 2,5 millones de hogares, con un crecimiento de 459.000 altas nuevas año tras año. Estas tarifas ya representan más de la mitad (el 58%) de la base total de los consumidores.

En el mismo documento, la compañía presidida por Vittorio Colao reconoció que los ingresos convergentes crecieron un 17% en el primer semestre respecto a 2017, aunque ni en este ejercicio ni los dos anteriores especificó la cantidad bruta que ingresa al respecto.

¿Ha subido los precios? Sí. Sus promociones, también de 50 mb y de 300 mb, han pasado en dos años de valer 59 y 71 euros a 68 y 80, respectivamente.  

Críticas a la estrategia

Los paquetes convergentes han puesto en alerta a organismos reguladores. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) recuerda que vigila muy de cerca la política de precios, aunque formalmente no ha intervenido nunca.

El último aviso llegó en verano, cuando el presidente del organismo regulador, José María Marín Quemada, manifestó su preocupación. Quemada afirmó que esta situación es muy diferente a la del resto de Europa, “donde no existe el empaquetamiento que se produce en España”.

Facua denunció en febrero la subida de precios de los operadores

“Es cierto que están ofreciendo más calidad dentro de sus paquetes y ofertas de la mano de una tecnología vanguardista, pero la pregunta es si todo el mundo necesita eso que le están ofreciendo y si no preferiría pagar un poco menos y tener menos velocidad”, añadió al respecto.

Otra de las críticas llega desde la asociación de consumidores Facua, que presentó una denuncia el pasado 14 de febrero precisamente ante la CNMC. La entidad alegó que esta “subida al unísono” responde a un pacto entre operadoras para concertar los precios.

Facua, que entendió que la maniobra sería contraria a la ley de defensa de la competencia y la directiva europea que regula los mercados y persigue los cárteles, pedía una multa equivalente de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora.

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