Bruselas castigará las trampas en las emisiones con 30.000 euros por coche

La Comisión Europea quiere evitar otro caso Volkswagen y plantea tener las competencias en el control de la normativa medioambiental  

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Más vale tarde que nunca. Después del fraude de Volkswagen con más de 10 millones de coches manipulados en todo el mundo, la Comisión Europea (CE) se ha puesto las pilas y va a revisar su normativa para evitar que se repita otro caso VW, con multas que pueden ser multimillonarias en casos de fraude masivo.

Las autoridades europeas han propuesto este miércoles imponer multas de hasta 30.000 euros por vehículo a los fabricantes de automóviles que no cumplan con la normativa europea de homologación de vehículos. «Para recuperar la confianza de los consumidores en esta industria necesitamos reforzar las reglas y asegurar que se respetan», ha dicho el vicepresidente de la CE para Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen.

La impotencia de la UE

El escándalo de los miles de coches trucados por Volkswagen para que parecieran menos contaminantes, destapado por las autoridades estadounidenses, puso de manifiesto las graves deficiencias de los sistemas de control europeos, actualmente en manos de los países. También evidenció la impotencia de Bruselas para hacer cumplir la legislación europea en esta materia.

Por ello, la Comisión propone obtener la capacidad de imponer multas de hasta 30.000 euros por vehículo que incumpla las normas, por ejemplo mediante la instalación de dispositivos de manipulación o falsas declaraciones, en el caso de que los Estados miembros no hayan impuesto ninguna amonestación.

Las multas también podrían imponerse a los servicios técnicos que llevan a cabo las pruebas sobre las que se basan las decisiones nacionales de homologación si fallan en el cumplimiento «riguroso» de los test, y dependerán de una «evaluación» de la «gravedad y el alcance del incumplimiento».

Verificación de los test

La CE quiere además poder suspender la designación de servicios técnicos «laxos» en la aplicación de las normas y llevar a cabo una verificación de los test a través de su Centro Conjunto de Investigación.

Las autoridades nacionales, que toman la decisión de conceder o no la homologación a un vehículo en función de los resultados de las pruebas de los servicios técnicos, serán además sometidas a auditorías regulares e independientes y exámenes para asegurar que se cumplen «rigurosamente» las normas.

El texto que plantea la CE tendrá que ser ahora negociado por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los países en Bruselas, para su adopción.

Economía Digital

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