250.000 empleados públicos trabajarán 35 horas a la semana: el Gobierno se compromete a reducir la jornada laboral
Los sindicatos destacan que la combinación de 35 horas y un teletrabajo bien regulado puede mejorar la conciliación, reducir tiempos de desplazamiento y contribuir a un uso más eficiente de los edificios administrativos
De izquierda a derecha: Carlos Torres, presidente de BBVA, Pedro Sánchez, presidente en funciones, Ana Botín, presidenta de Santander y José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank
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El Gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para implantar la jornada de 35 horas semanales y desarrollar a fondo el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE), un cambio histórico que afectará a más de 230.000 empleados públicos.
El compromiso fija como horizonte el inicio de la reducción de jornada a partir de febrero de 2026 y abre una negociación intensa en enero para concretar la nueva organización del trabajo, con la oposición de los empresarios y el aplauso de las organizaciones sindicales más representativas.
Desde 2012, la regla general en la AGE ha sido la jornada de 37,5 horas semanales, establecida por instrucciones de Función Pública y vinculada a las políticas de ajuste tras la crisis financiera.
Muchas comunidades autónomas y ayuntamientos fueron recuperando las 35 horas tras acuerdos propios, de modo que la administración estatal había quedado como uno de los últimos grandes espacios públicos anclados en las 37,5 horas.
El acuerdo ahora alcanzado entre Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF prevé implantar la jornada de 35 horas semanales para el personal funcionario y laboral de la AGE, excluyendo expresamente a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que seguirán rigiéndose por su normativa específica.
Según UGT y CSIF, el Ministerio se compromete a que la medida entre en vigor en febrero de 2026, aunque admiten que la complejidad técnica y organizativa podría desplazar la plena aplicación a marzo.
El contexto general es una reforma más amplia del mercado de trabajo. El Gobierno de coalición ha impulsado una ley para reducir la jornada máxima legal en el sector privado de 40 a 37,5 horas sin merma salarial pero sin éxito, y la AGE se convierte ahora en un laboratorio para bajar incluso hasta 35 horas en el ámbito público estatal.
La jornada media pactada en la administración, teniendo en cuenta a comunidades y entidades locales, ya ronda las 35,9 horas, de modo que el Estado se alinea con la práctica de buena parte del sector público.
EL Gobierno: la conciliación y los retos de productividad
Junto a la jornada de 35 horas, el acuerdo reabre el desarrollo del teletrabajo en la AGE, partiendo del marco ya fijado en el Real Decreto de 2021, que permitía hasta tres días de trabajo a distancia por semana con carácter voluntario y reversible.
El objetivo ahora es actualizar ese modelo tras la experiencia acumulada desde la pandemia, generalizar su aplicación real en ministerios y organismos y vincularlo a la nueva jornada, con especial atención a la conciliación y a la prestación de servicios en la España vaciada.
El esquema básico se mantiene. El teletrabajo seguirá siendo voluntario, con requisitos de antigüedad mínima en el puesto, identificación de tareas teletrabajables, fijación de objetivos y sistemas de evaluación, y garantía de que se mantiene una presencia mínima para atender al ciudadano.
La Administración deberá proporcionar equipos informáticos, conexiones seguras y formación en competencias digitales, además de velar por la desconexión digital y la prevención de riesgos psicosociales como el aislamiento o el estrés.
Los sindicatos destacan que la combinación de 35 horas y un teletrabajo bien regulado puede mejorar la conciliación, reducir tiempos de desplazamiento y contribuir a un uso más eficiente de los edificios administrativos, con ahorro energético y posibilidad de reforzar servicios en zonas con dificultades de cobertura presencial.
Los críticos, sin embargo, alertan sobre el riesgo de que una menor jornada sin una reorganización profunda de procesos pueda traducirse en retrasos y más carga para plantillas ya ajustadas, especialmente en áreas sensibles como prestaciones sociales, empleo o gestión tributaria.
