Free Now, antes Mytaxi, cobrará 5 euros a los usuarios por la cancelación de algunos servicios.

Cabify impacienta al taxi ante el pacto de silencio con la Generalitat

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Una facción del taxi en Barcelona pide explicaciones a la Generalitat, que todavía no ha obligado a Cabify a pagar un solo euro por incumplir el decreto ley

Cristian Reche

Economía Digital

Free Now, antes Mytaxi, cobrará 5 euros a los usuarios por la cancelación de algunos servicios.

Barcelona, 24 de mayo de 2019 (04:55 CET)

La guerra del taxi con Cabify en Barcelona no ha terminado con el decreto de la Generalitat. El regreso de la plataforma de movilidad a la capital catalana con un nuevo modelo de negocio y una triquiñuela legal ha provocado que una facción del taxi se impaciente y pida explicaciones a la administración catalana sobre por qué sigue operando con total normalidad.

Cabify se marchó de Barcelona a finales de enero y regresó a principios de marzo. Para hacerlo únicamente cambió su modelo de negocio: dejaba de ser una plataforma que ponía en contacto a chóferes y viajeros y pasaba a ser una empresa gestora de flotas VTC  — se quedó con los permisos de José Antonio Parrondo (Prestige and Limousine) y más tarde con los de Rosauro Varo  (Vector Ronda)— , las licencias necesarias para operar con este tipo de vehículos.

La maniobra permitió, según la compañía, esquivar el intervalo de 15 minutos interpuesto por la Generalitat en cada viaje. Ofrecía un contrato anual a los usuarios en el que el cuarto de hora solo contaba desde la firma del contrato, saltándose la norma en todos los viajes que se contrataran después.

Anuncio de Cabify.

El movimiento no gustó nada al gobierno de Quim Torra, a quien cogió a contrapié y reaccionó a destiempo. Ante el primer silencio de la administración catalana, se especuló con que los coches de la plataforma serían inmovilizados inmediatamente al día después por parte de la Guardia Urbana. También se barajó que el gobierno catalán saliera rápidamente con un comunicado denunciando un "fraude de ley". La realidad fue bien distinta: niguna de las dos opciones se llevó a cabo. 

La única respuesta no llegaría hasta casi un mes después, el pasado 9 de abril. El Govern, tras varias reuniones con sus servicios jurídicos, comunicaba que había incoado expedientes a Cabify por incumplir con la norma, y daba 10 días naturales a la empresa para explicarse. 

La Generalitat comunicó en abril que Cabify fue multada con 2.400 euros. Hoy reconoce que no han recaudado un solo euro

La misma Generalitat afirmó que había interpuesto hasta cuatro multas de 600 euros a la compañía por saltarse el reglamento (2.400 euros en total), una cantidad irrisoria para una empresa que solo en las siguientes 24 horas de su regreso llegó a las 50.000 descargas.

No obstante, fuentes internas de la administración catalana reconocen a Economía Digital que Cabify, a día de hoy, no ha tenido que pagar un solo euro pese a reconocer que opera con un sistema totalmente opuesto a la norma establecida.

Este medio se puso en contacto con la Generalitat para saber cuántas veces más se ha sancionado a la empresa durante los 78 días que lleva operando, teniendo en cuenta que en casi ninguno de sus viajes cumple con los 15 minutos establecidos, pero no obtuvo ninguna respuesta.

División en el taxi por Cabify

La situación que existe ahora mismo en Barcelona, con Cabify operando con total normalidad y anunciando que su propósito es ir aumentando la flota de vehículos en la capital catalana, no gusta nada a una facción del taxi, que denuncian un pacto de silencio entre la Generalitat y la compañía de movilidad. 

Esta división que fiscaliza a la Generalitat no es la corriente liderada por Alberto 'Tito' Álvarez, cabeza visible de la lucha contra las tecnológicas, que sí confía en que la Generalitat terminará expulsando de nuevo a la plataforma. Se trata de un grupo que se ha distanciado y ha emprendido la guerra por su cuenta, advirtiendo de que el clima entre chóferes VTC y taxistas vuelve a ser el de antes, con situaciones "difíciles", "sobre todo "en la zona próxima al aeropuerto". 

Además, denuncian un pacto de silencio entre todas las partes implicadas, en el que nadie ha salido perdiendo: la Generalitat ha salvado el Mobile World Congress (MWC), evento que sirvió como moneda de cambio al taxi para chantajear y obtener el decreto de la Generalitat a su favor; Cabify ha tenido que esperar poco más de un mes para volver a la capital catalana y se ha quitado de enmedio a su competencia (Uber), y los gestores de licencias VTC, cuyo valor parecía desplomarse con la nueva regulación, han vendido sus activos sin apenas perder dinero. 

Las mismas fuentes cuentan que durante este tiempo han pedido reuniones en diferentes ocasiones con altos miembros de la administración catalana, concretamente con Josep Maria Fortuny, subdirector general de Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial, quien se ha mostrado esquivo hasta el momento

Una división del taxi de Barcelona ya ha advertido a la Generalitat de que "se está cometiendo un posible fraude de ley"

En un escrito enviado al departamento de Territori, se piden explicaciones sobre por qué la compañía de movilidad trabaja a efectos reales del mismo modo que lo hacía antes del decreto de Damià Calvet. "Informo que en estos momentos se está cometiendo un posible fraude de ley, por la vulneración de diferentes artículos que regulan la prestación del servicio", reza la consultada enviada a Territori por parte de los taxistas y que este medio ha podido consultar. 

"Empresas como Cabify se están inventando un nuevo modelo de contrato de un año para los usuarios, bajo la empresa Prestige and Limousine, algo que podría ser viable siempre y cuando no harían más contratos de los vehículos que tiene la empresa, ya que la disposición determina 24 horas al servicio del usuario", explican en su queja.

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