Una imagen de la Planta Ter, de ATLL.

La indemnización real para Acciona por ATLL se dispara hasta 890 millones

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Un informe de la Airef revela que la indemnización de Acciona por ATLL se 'comería' entre tres y cuatro décimas del PIB catalán

Barcelona, 27 de junio de 2018 (18:22 CET)

Ya hay cifras sobre qué impacto tendrá la indemnización que la Generalitat pagará a Acciona por revocar la concesión a Aigües Ter Llobregat (ATLL), después de que el Supremo diera la razón al grupo de José María Entrecanales por la anulación de esta concesión.

El último informe de la Autoridad Independiente Fiscal (Airef) sobre el plan económico financiero (PEF) de Cataluña revela que “de computarse en este ejercicio el efecto de la Sentencia de revocación de la adjudicación de Aigües Ter Llobregat que tuvo lugar en 2013 a favor de Acciona, se produciría un empeoramiento del déficit de la comunidad entre tres y cuatro décimas del PIB catalán”. 

Es decir, entre 592 y hasta 890 millones de euros, aproximadamente. En el mejor de los casos serían 92 millones más que los 500 millones previstos por la propia Generalitat.

El mismo informe, que analiza las previsiones de la autonomía respecto a los objetivos en cumplimiento de déficit y regla del gasto, añade que dicha reparación provocaría “un crecimiento del gasto computable de entre tres y cuatro puntos".  

La concesión a ATLL fue la mayor privatización de la Generalitat

En 2012, El Ejecutivo catalán, entonces presidido por Artur Mas, adjudicó ATLL a un consorcio formado por Acciona, BTG Pactual y diversos accionistas minoritarios catalanes, entre los que se encontraban empresas de las familias Godia y Rodés.

Se adjudicó la gestión del agua para cerca de 4,5 millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona, en una operación que supuso la mayor privatización de la historia impulsada por la Generalitat.

Agbar, que en su día presentó oferta, impugnó la concesión y, tres años después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le dio la razón al concluir que se produjo una "infracción de los principios de publicidad y concurrencia".

Por ello, Acciona perdió el control y acudió al Supremo para reparar el daño sufrido. Las últimas informaciones apuntaban a que el consocio liderado por el grupo constructor puede reclamar hasta 500 millones de euros a la Generalitat después de que la justicia se pronunciase. 

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