En la imagen, la desalinizadora del Llobregat, que gestiona ATLL.
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Aigües Ter-Llobregat (ATLL) seguirá prestando el servicio con normalidad hasta que el nuevo gobierno de la Generalitat no le retire la concesión

Barcelona, 21 de febrero de 2018 (21:12 CET)

Aigües Ter-Llobregat (ATLL) seguirá operando con “total normalidad” pese a la sentencia del Tribunal Supremo que anula su adjudicación al consorcio liderado por Acciona. De manera inmediata, la decisión del Supremo no comportará ningún cambio en la gestión del servicio de suministro de agua en alta a 4,5 millones de catalanes, aunque abre numerosas incógnitas.

Acciona no se ha pronunciado sobre la sentencia del Supremo. No ha emitido ningún comunicado y sus directivos han declinado valorar posibles escenarios futuros. Sin embargo, desde la concesionaria se asegura que seguirán prestando el servicio, al menos mientras que la Generalitat no les retire formalmente la concesión.

El Supremo ha anulado el polémico concurso por el que la Generalitat adjudicó en 2012 la empresa pública ATLL al consorcio liderado por Acciona. Se trató de la mayor privatización de la historia de la Generalitat. El responsable de aquella chapuza fue el gobierno de Artur Mas.

En esta sentencia, el Supremo se pronuncia sobre dos recursos (uno presentado por la propia Generalitat y, el otro, por la compañía competidora Agbar), pero todavía queda pendiente un tercer recurso, precisamente el de Acciona. Se espera que se resuelva de forma inmediata, aunque difícilmente contradecirá la resolución que se ha hecho pública este jueves.

El próximo gobierno de la Generalitat deberá decidir como soluciona el embrollo de ATLL

En estos momentos, la pelota está en el tejado de la Generalitat. No se espera que el gobierno catalán adopte una resolución mientras esté intervenido por el artículo 155. Será el próximo ejecutivo el que deberá hacer frente a la sentencia del Supremo. Si quitan la concesión a ATLL, esta compañía podría reclamar por vía judicial las inversiones realizadas hasta ahora, así como daños y perjuicios. La reclamación podría alcanzar los 500 millones de euros.

La mayoría de los grupos parlamentarios catalanes son partidarios de que ATLL vuelva a ser pública. Este lunes, el grupo socialista presentó una iniciativa parlamentaria para revertir la privatización de ATLL. No es la primera vez que se debate en la cámara catalana. En marzo de 2016, el entonces presidente Carles Puigdemont sufrió la primera derrota parlamentaria porque los diputados de Junts pel sí fueron los únicos que votaron en contra de la reversión. A favor lo hicieron PSC, Ciudadanos, PP, Catalunya sí que es pot y, también, la CUP.

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