Conspiración independentista para tomar el control de las Cámaras

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El Govern de Mas, con Felip Puig a la cabeza, redactó la polémica ley con la ayuda de empresarios afines. Puigdemont la recupera como una "estructura de Estado"

Artur Mas y Carles Puigdemont en el congreso de Convergència. /  EFE

Barcelona, 19 de noviembre de 2016 (06:00 CET)

Las grandes patronales y las 13 cámaras de comercio catalanas se sublevaron contra el anteproyecto de ley de Cámaras que la Generalitat puso sobre la mesa hace un mes. Incluso provocó un conflicto dentro del Govern, ente Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, presidente y vicepresidente económico. La causa es el centralismo de la propuesta, y tiene su origen en el anterior gobierno catalán y su intención de tomar el control de las cámaras.

El texto, sacado a la luz por el consejero de Empresa, Jordi Baiget, tiene en realidad otro padre: su antecesor, Felip Puig. Con el beneplácito de Artur Mas y la complicidad de sectores empresariales cercanos a sus tesis independentistas, el ex conseller hizo un anteproyecto que quitaba poder a las cámaras territoriales y con un organismo central, la Cámara General de Cataluña, como centro de decisión.  

"Estructura de Estado"   

La conspiración nació de la voluntad de Mas y Puig, seguida ahora por Puigdemont y Baiget, de crear "estructuras de Estado" en el mundo de la empresa. Ante las dificultades para internacionalizar el proceso independentista, pensaron en una gran cámara catalana, a imagen y semejanza de la Cámara de Comercio de España, que tuviera entidad para ir por el mundo representando a Cataluña, según explicaron fuentes empresariales.  

Felip Puig no actuó solo. Contó con la ayuda de empresarios afines, interesados en poner los dos pies en las cámaras, y de alguna que otra consultora. KPMG cobró 58.000 euros por prestar "asistencia técnica" para la redacción del anteproyecto de ley en julio de 2015, según publicó La Vanguardia. KPMG fichó en 2013 al ex consejero convergente Lluís Recoder.  

Los intereses de Femcat

Pero quien realmente influyó en el texto fue la patronal nacionalista Femcat. Según las fuentes consultadas, esta organización tenía su propio informe, que hizo llegar a Puig y en el que se basó parte importante del redactado final del anteproyecto de ley.  

Femcat está presidida por Ramon Carbonell, empresario de energías renovables que pertenece a la familia de la constructora Copcisa, y cuenta en su patronato con empresarios cercanos a Convergència: sin ir más lejos, sus ex presidentes Joaquim Boixareu (Irestal), Miquel Martí (Moventia) o Carles Sumarroca.  

Esta patronal aprovechó la obligada renovación de la ley de cámaras para ganar poder en el seno de estas organizaciones. Algunos de sus miembros también están en la Cámara de Comercio de Barcelona, y tuvieron un papel crítico con su presidente, Miquel Valls, en la rebelión interna que sufrió hace un año. Valls apagó el fuego, pero no contó con su apoyo.  

El asalto fallido a Foment  

Femcat también intentó tomar el control de la principal patronal catalana, Foment del Treball. Fue en 2010, cuando Joaquim Boixareu se presentó a las elecciones de la organización contra Juan Rosell. El actual presidente de la CEOE ganó cómodamente con el apoyo de última hora de Cecot.  

La patronal de Terrassa y su presidente, Antoni Abad, se situaron inicialmente con Boixareu, aunque Abad terminó acercándose a Rosell con la esperanza de ser su delfín al frente de Foment. Rosell le hizo la cobra y eligió a Joaquim Gay de Montellà como su sucesor cuando dio el salto a la CEOE. Precisamente Abad también aparece ahora y suena como posible presidente de la Cámara General de Cataluña.

La prudencia de Mas  

Con las intenciones de unos y otros, salió un anteproyecto de ley que iba a soliviantar a buena parte del empresariado. A Puig no le importaba: ya estaba a la greña con ellos por la representatividad empresarial. Pero Mas lo frenó. En un momento en el que se jugaba mucho a nivel político –buscaba la reelección–, prefirió no ir a la guerra contra las cámaras y las patronales.  

Ahora, con un ejecutivo catalán gobernando con la vista puesta en la independencia, prima la creación de las llamadas "estructuras de Estado". La Cámara General de Cataluña se considera una de estas estructuras, por lo que Puigdemont y Baiget sacaron la ley del cajón y abrieron la caja de pandora.
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