Directivos de Acciona y FCC, detenidos en la trama corrupta de Acuamed

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Entre los arrestados figura el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado, que lleva casi 30 años en la empresa. El fraude podría ascender a 45 millones de euros

Agentes de la Guardia Civil entran en la sede de Acuamed, en Madrid

Madrid, 19 de enero de 2016 (09:09 CET)

Entre las personas detenidas en la operación Frontino, en relación a la trama de corrupción vinculada a Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), figuran, según informa El Mundo, además de los responsables de la empresa pública, directivos de empresas constructoras, como Acciona o FCC, las dos compañías adjudicatarias de los seis contratos en los que se han centrado las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.  

Entre los detenidos figura el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado, que lleva casi 30 años en el grupo ahora controlado por Carlos Slim.

Las investigaciones, dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de un empleado de Acuamed en septiembre de 2014, tratan de destapar un complejo entramado de contratos a dedo vinculados a la empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. El fraude, según algunas fuentes, podría ascender a 45 millones de euros

Amaño disimulado

Se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude a la Administración pública, maquinación para alterar los precios de los concursos, falsificación documental y pertenencia a organización criminal.  

Para cometer el delito, según fuentes de la investigación, los representantes de la empresa pública y los de las sociedades adjudicatarias disimulaban el amaño de las adjudicaciones diversificando las empresas que se hacían con los concursos, para que así fuera más difícil de detectar. 

También se han analizado la sobredimensión de los costes de cada obra, ocultados con la alteración de los informes para certificar y justificar los aumentos de las cantidades que se debían abonar a las empresas adjudicatarias, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas.
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