De izquierda a derecha: Dimas Gimeno, Marta y Cristina Alvarez Guil y Florencio Lasaga en la Fundación Ramón Areces.

El Corte Inglés aprueba la auditoría de seguridad tras la huida de EY

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El consejo de El Corte Inglés da el visto bueno a un informe sobre las presuntas ilegalidades en materia de seguridad elaborado por la consultora BDO

Carles Huguet

Economía Digital

De izquierda a derecha: Dimas Gimeno, Marta y Cristina Alvarez Guil y Florencio Lasaga en la Fundación Ramón Areces.

Barcelona, 24 de julio de 2018 (20:18 CET)

El Corte Inglés ya tiene quien se lo ponga por escrito: no hubo corrupción en su departamento de seguridad. La cúpula de los grandes almacenes recurrió a la consultora BDO para certificar que todas las prácticas del área fueron legales después de que la auditoria Ernst & Young rechazara el encargo. El consejo celebrado este martes aprobó el documento.

Fuentes internas explican a Economía Digital que la auditoría se solicitó finalmente a la firma con sede en Bruselas debido a que EY declinó realizar la investigación alegando la existencia de “incompatibilidades” al ser ya el auditor general de las cuentas. La marcha atrás de la firma británica ya venía de lejos: primero aceptó el estudio sin percibir problema alguno, a finales de mayo lo paralizó tras  salir a la luz las presuntas ilegalidades y a comienzos de junio terminó por rechazarlo. 

Con BDO, la sociedad presidida por Jesús Nuño de la Rosa da carpetazo interno a las posibles irregularidades del departamento de seguridad, que dirigía hasta hace poco Juan Carlos Fernández-Cernuda. La alarma saltó cuando varias denuncias anónimas alertaron al consejo de adjudicaciones a dedo a empresas dirigidas por familiares y amigos del ejecutivo; una praxis que contaría con la supervisión del consejero Florencio Lasaga.

El departamento de auditoría interna, que colabora en el informe, está controlado por Cernuda

Los críticos con el actual mando dibujan sombras a la auditoría. A pesar de la contratación de analista externo, el informe se elaboró de la mano del departamento de auditoría interna y la asesoría jurídica de la compañía española, señalan fuentes cercanas a El Corte Inglés. Tanto Cernuda como Lasaga cuentan con mucha ascendencia sobre ambas divisiones.

El responsable de la auditoría interna es José Antonio Rodríguez Gil, que durante años inspeccionó las cuentas de la empresa cuando trabajaba en Deloitte. Su relación comercial con la cadena lleva el sello del propio Lasaga, pues es también otro de sus protegidos.

Mientras, la división jurídica está en manos del exfiscal Juan Moral de la Rosa, amigo íntimo de Cernuda, que también presume de buena relación con la actual directora de seguridad, la expolicia Catalina Polán.

La presunta corrupción en El Corte Inglés, en los juzgados

Sellada la vía interna, las pesquisas en el área todavía tienen recorrido a nivel judicial después de que el expresidente Dimas Gimeno presentara una querella contra Cernuda, su madre y Joaquín Domingo Martorell a mediados de julio Los dos últimos son los propietarios del grupo de seguridad Mega-2, una de las compañías que más adjudicaciones recibe de los grandes almacenes. El procedimiento cayó en el juzgado número 46 de Madrid, el mismo que investigó la venta del 10% de la empresa al jeque catarí Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani.

La sombra de corrupción en el departamento de seguridad podría salpicar incluso a las hermanas Álvarez

Además, el antiguo mandatario solicitó que se citara como testigos a Lasaga; Juan Ignacio Lamata, responsable del canal ético de los grandes almacenes, y las hermanas Álvarez, las otras herederas de Isidoro Álvarez con las que tiene una guerra abierta. “Existen numerosas vinculaciones societarias entre las dos hermanas y Cernuda, pediremos que se investigue”, explicaba hace días su círculo.

Según pudo comprobar Economía Digital, algunas facturas realizadas por el grupo Mega-2 triplicaban los precios de la obra y los materiales de las ofrecidas por la competencia. Todos los convenios estaban firmados por la Dirección Central de Seguridad en Hermosilla. “Ni los responsables de seguridad de cada centro comercial, ni siquiera los gerentes de cada establecimiento tienen nada que ver, les pasa por encima”, explican fuentes internas.

Los otros acuerdos del consejo

El consejo de este martes no será el último que realice la empresa antes de la junta de accionistas, convocada para el 26 de agosto. El mismo día se convocará otro, tal y como es tradición en la empresa. Sin embargo, EFE informa de que en el orden del día de la junta estará el cese o renovación de tres los consejeros Paloma García Peña, representante de Cartera Mancor (7%); Carlos Martínez Echevarría (81 años) y Florencio Lasaga (83 años). Los estatutos de la cadena establecen mandatos de cinco años, que el trío ya cumplió. Por tanto, tocará decidir si renuevan o abandonan. 

No existe información sobre el futuro de Dimas Gimeno, pero todo indica que la junta también servirá para cesarlo como consejero después de que ya fuera destituido como presidente el pasado 14 de junio. Su salida no figura en el orden del día a pesar de que ya existen negociaciones con la familia Areces (9%) para que ocupe su butaca en el órgano de decisión.

Los accionistas también deberán aprobar las cuentas anuales, el informe de gestión, la remuneración de los consejeros y el reparto de dividendos con cargo a reservas.

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