El descalabro económico de ATLL sólo dejaba una salida: la privatización

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Una tesis de máster de la UAB defiende que la falta de repercusión de las inversiones en la tarifa durante años y el contexto de crisis ha dejado la empresa pública al límite

José Montilla, Artur Mas, Francesc Baltasar, Lluís Recoder y Andreu Mas-Colell | ED

26 de octubre de 2013 (11:35 CET)

¿El gobierno de Artur Mas (CiU) podía evitar la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL)? No. En 2012, la compañía estaba al límite y no quedaba otra salida. Ésta es la tesis que una alumna del Master in Management, Organization and Business Economics (MMOBE) que realizan conjuntamente la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pública de Navarra y Universitat de les Illes Balears, Lorea Jiménez, defiende en un trabajo supervisado por el profesor del centro catalán Emili Grifell-Tatjé.

El principal problema, según su análisis, son las inversiones que realizó la empresa (entonces pública) entre 2005 y 2010. Especialmente, a partir de 2007, el mismo año en que el gobierno tripartito (PSC, ICV-EUiA y ERC) tuvo que hacer frente a una de las sequías más importantes de Catalunya. ATLL realizó varios proyectos en ese período de tiempo que alcanzaron los 165,2 millones de euros. En contrapartida, las previsiones de ingresos en esos años eran de 55 millones de euros.

Déficit

El Ejecutivo liderado por José Montilla (PSC) decidió no repercutir directamente los mayores gastos en la tarifa. El departamento encargado de gestionar ATLL, liderado en ese momento por Francesc Baltasar (ICV-EUiA), optó por incrementar el déficit de la compañía, aunque el gasto del servicio se había disparado el 44% entre 2008 y 2012. La Unión Europea había destinado fondos a la empresa, pero no los suficientes para cubrir todas las inversiones realizadas.

La subida de la factura de ATLL no impacta directamente en el precio final de los usuarios. La empresa privatizada se encarga de distribuir el agua en alta. Es la responsable de captar el recurso (en ríos, acuíferos o desalinizadoras), tratarlo y distribuirlo en los municipios. Da servicio a Barcelona y a su área de referencia, la zona más poblada de Catalunya con unos 4,5 millones de habitantes.

Los alcaldes y empresas gestoras del agua de estas localidades son las que deciden cuánto suben en concreto el precio del recibo del agua. Éste fue el verdadero problema de ATLL, según fuentes empresariales. Existieron presiones por parte de los municipios, incluidos la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y la Associació Catalana de Municipis (ACM), para que la empresa pública asumiera un déficit de tarifa.

Concesión apresurada


Si la situación económica del país no hubiera experimentado un giro de 180 grados, los recortes en la productividad interna de ATLL y una subida paulatina de la tarifa hubieran bastado para que la empresa superara los números rojos. Llegaron a los 670 millones en 2011. La crisis limitó las opciones de los gestores a una, la privatización.

La tesis también deja claro que, cuando el consejero Lluís Recoder (CiU) toma la decisión de buscar ingresos con la concesión de la gestión de ATLL a un privado, toma decisiones “aparentemente de forma apresurada”. Las mismas que han propiciado el periplo judicial del contrato entre la Generalitat y Acciona y que ahora está en el Tribunal Supremo.

Concesión para recortar el déficit público

El futuro de la compañía aún está en el aire. El gobierno de Artur Mas (CiU) no destinó los 995,5 millones de euros de la concesión del servicio a enjugar déficit de la gestora de aguas (ni de la Agencia Catalana del Agua (ACA), cuyas pérdidas son mayores).

Recoder y el responsable de economía del gobierno catalán, Andreu Mas-Colell (CiU), destinaron los ingresos a rebajar el déficit público de la Generalitat de 2012. Una operación que cuenta con la bendición del IGAE y Euroestat, según Mas-Colell. Finalmente, tuvo un impacto del 2,17% del PIB.

Acciona aún debe pagar 696,9 millones en concepto de canon en 50 anualidades. Aunque la última palabra del contrato no la tiene ni el Govern ni la concesionaria, es del Tribunal Supremo.
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