Mas-Colell y Vila firmaron una “supuesta compensación” para Acciona y BTG Pactual

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Admiten, por primera vez, que los documentos remitidos a los gestores de ATLL se mandaron el 5 de julio

29 de agosto de 2013 (22:25 CET)

La Generalitat ha ofrecido garantías a Acciona y el banco brasileño BTG Pactual por la posible pérdida en los tribunales de la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL)

La famosa carta anunciada por el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ante sus accionistas en la junta del pasado 6 de junio está firmada por dos consejeros del Govern: el de Territorio, Santi Vila (CiU), y el de Economía, Andreu Mas-Colell (CiU). Formalmente, no se trata de una misiva. Es una resolución interpretativa de los servicios jurídicos de la Generalitat sobre los pliegos de condiciones del contrato de servicio, según Vila.

Compensación


En el mismo informe, el Govern admite que retornará los casi 300 millones de euros --el único pago que se ha hecho del contrato-- al consorcio ganador de la adjudicación si el periplo judicial en el que están enzarzados da la razón al rival de Acciona en el proceso, Aguas de Barcelonas (Agbar). 

Si esto ocurriera, también existiría una “supuesta compensación” adicional para el gestor actual del servicio, en palabras del consejero de Territorio.

¿Dos documentos?

El político de Figueres (Girona) ha sido el primero en admitir la existencia de este documento. Afirma que lo rubricó el 5 de julio, un mes después del anuncio de Entrecanales.

¿Son dos documentos distintos? Desde el entorno del Govern señalan que se trata del mismo, el único que les consta que se ha remitido a las concesionarias del servicio. El presidente de la empresa de infraestructuras podía haber llegado a un compromiso verbal con alguien del gobierno catalán y, posteriormente, los servicios jurídicos de la Generalitat habrían redactado la resolución, señalan los mismos interlocutores.

Argumentos 

El informe recoge los argumentos que ha esgrimido el Govern hasta la fecha y que, de nuevo, este jueves ha defendido ante los diputados catalanes. La mesa de contratación actuó con “integridad, honestidad y competencia”, según Mas-Colell; las finanzas de la Generalitat no se pueden permitir retornar ahora los 300 millones de euros que cuesta romper el contrato firmado --el titular de Economía ha bromeado con que han sido “ingresados y gastados”--; y que las resoluciones del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no han entrado en el fondo del asunto, sólo ha desestimado la petición de medidas cautelares del Ejecutivo. 

Aunque obvia que éstas hacían referencia, precisamente, a esquivar la resolución del órgano de mediación de los concursos públicos del Govern (OARCC) en el que decía que Acciona no cumplía con el pliego de condiciones del contrato. Para echar más leña al fuego, el Ejecutivo mantiene que la oferta de Agbar tampoco cumple con el mismo punto por el que se ha rechazado la actual concesionaria. Asegura que ambas compañías han modificado el calendario de obras del contrato.

Recuperar la gestión pública

La concesión de ATLL era una operación más para reducir el déficit estructural de la Generalitat en 2012. Ya se ha convertido en la operación que más saca los colores al Govern de Mas. Ni su socio parlamentario en esta legislatura, ERC, apoya las gestiones realizadas hasta la fecha. 

El portavoz republicano, Marc Sanglas, ha recriminado al Ejecutivo la imagen internacional que Catalunya ha ofrecido en la gestión de este conflicto. Igual que PSC e ICV-EUiA, reclama a Mas que recupere la gestión pública de la compañía.

Ciutadans también ha exigido al President que rompa el contrato actual con Acciona. Su líder, Albert Rivera, argumenta que se debe acatar la decisión del TSJC y evitar continuar con una concesión que puede incrementar las futuras indemnizaciones derivadas del proceso judicial. Un periplo, por cierto, que también asumen las maltrechas arcas catalanas. 

PSC, ICV-EUiA, PP y Ciutadans reclaman a Mas que reconozca los errores en el proceso. 

Defensa de la contabilidad

Mas-Colell también ha defendido con uñas y dientes otro punto polémico de la concesión: el tratamiento contable que ha hecho la Generalitat. “Ni el IGAE ni Euroestat han puesto en duda el peso de esta operación en la reducción del déficit de 2012”, asegura el consejero.

Ha reconocido que la IGAE ha fijado, finalmente, que esta sea del 2,17% del PIB. Sobre el presupuesto de 2012, significa el ingreso de 995.506.100 euros, a pesar de que Acciona aún debe pagar 696.854.270 euros en concepto de canon en 50 anualidades.
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