La Generalitat intenta salvar la cara tras el fiasco de ATLL

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El Govern dialoga con las empresas e inversores implicados para propiciar un acuerdo fuera de los tribunales

El President de la Generalitat, Artur Mas | EFE

15 de octubre de 2013 (20:41 CET)

El Govern de Artur Mas (CiU) estudia cómo salir del entuerto de Aigües Ter Llobregat (ATLL). El Tribunal Supremo (TS) aún no ha admitido a trámite la reclamación que presentó a finales de julio para defender ante el máximo tribunal de España el contrato firmado con Acciona, confirman fuentes jurídicas. Este fue el primer paso que el Ejecutivo tomó como respuesta a las tres interlocutorias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de principios de julio que invalidaban el contrato de privatización del suministro de aguas. Pero no ha sido el único.

El Ejecutivo catalán ha cambiado su estrategia y, además de solicitar asesoramiento jurídico, ha emprendido conversaciones paralelas con los tres grupos privados implicados en el contencioso. Intenta llegar a un acuerdo al margen de los tribunales, añaden los mismos interlocutores. Dialoga con Acciona, Agbar y el banco brasileño BTG Pactual, el socio financiero de la gestora de infraestructuras con sede en Madrid.

Dos escenarios

El propio President Artur Mas ya intentó calmar los ánimos de la gente de BTG Pactual en su viaje a Brasil de antes de verano. Ahora, más que intentar convencer al banco presidido por André Santos Esteves de la viabilidad futura del contrato, le plantea las alternativas que hay sobre la mesa, aseguran fuentes cercanas al Ejecutivo.

Hay dos escenario posibles. El primero, es un cambio en el socio industrial. Que Acciona dejara paso a Agbar pero sin desvincular BTG Pactual del proyecto de gestión de ATLL. En este supuesto, las compañías y la Generalitat deberían dejar claro qué parte de los casi 300 millones que se han pagado del contrato corresponden al grupo presidido por José Manuel Entrecanales.

La gestora de aguas capitaneada por Ángel Simón tendría que abonar esta cantidad a su rival en el proceso. Los interlocutores de la compañía niegan que hayan existido conversaciones con Acciona en este sentido.

Indemnización limitada

La otra alternativa es aún más complicada, ya que la caja de la Generalitat está vacía. Pasa por anular la adjudicación y, o bien convocar de nuevo el concurso público, o que el Govern asuma otra vez la gestión de ATLL. Mas debe encontrar 300 millones de euros para retornar al consorcio formado por Acciona y BTG Pactual.

Los expertos jurídicos consultados por este medio señalan que la indemnización no debería ir más allá de esta cantidad. “El error en el proceso lo ha cometido el adjudicatario, es muy difícil que haya una compensación económica en el caso ATLL”, afirma el vicepresidente segundo de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, Jesús Sánchez Lambás.

Proceso de hasta 10 años

El letrado asegura que, con la Ley de Contratos del Sector Público en la mano, es el consorcio quien falló en el pliego de condiciones y no el Govern en el proceso de adjudicación. “Hay concurrencia de la Generalitat, pero acaba allí”. Asimismo, recuerda que existe una “jurisprudencia muy extensa” de casos parecidos (menos mediáticos) en los que la administración pública siempre ha salido airosa.

Para poder percibir una indemnización cuantiosa, como se ha especulado, Acciona y BTG Pactual primero deberían reclamar a la Generalitat. El siguiente estamento al que podrían acudir es al Consejo Consultivo para, finalmente, presentar un contencioso administrativo en los tribunales. Abriría de nuevo un periplo judicial que se podría prolongar hasta 10 años, señala Sánchez Lambás.

Comisión Jurídica Asesora


Además de hablar con las empresas, el Govern se intenta blindar jurídicamente. Ha pedido a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat que emita un dictamen sobre el proceso de adjudicación a Acciona de ATLL y su evolución en los tribunales catalanes, aseguran fuentes conocedoras del proceso.

El organismo depende del departamento de Presidencia, dirigido por Francesc Homs (CiU), y está especializado en valorar conflictos relacionados con la responsabilidad patrimonial de la Administración catalana. Está integrado por 15 juristas de reconocido prestigio y presidido por Tomás Font y Llovet.

El Ejecutivo catalán ha evitado pronunciarse sobre la petición al ser preguntado por este medio.
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