El sector inmobiliario denuncia la inconsistencia de la ley catalana contra los desahucios

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"Se pretende solucionar técnicamente situaciones muy complejas", advierten los grandes propietarios. El Govern y los ayuntamientos crean un frente común contra el recurso del ejecutivo central

Pablo Jiménez

Carles Puigdemont y Ada Colau presiden la cumbre en defensa de la ley contra los desahucios impugnada al Constitucional / EFE/Quique García
Carles Puigdemont y Ada Colau presiden la cumbre en defensa de la ley contra los desahucios impugnada al Constitucional / EFE/Quique García

Barcelona, 04 de mayo de 2016 (01:00 CET)

La ley de vivienda catalana recurrida por el Gobierno en funciones es el penúltimo capítulo de la guerra abierta entre los ejecutivos central y autonómico. Pero las consecuencias políticas no son el único elemento de preocupación para el sector inmobiliario. Los posibles recovecos legales que los municipios –el nivel administrativo más en contacto con la problemática de los desahucios—encuentren para seguir aplicando la norma 24/2015 podrían mitigar la suspensión de varios de sus artículos por el Tribunal Constitucional.

Desde su aprobación por el Parlament catalán, en julio de 2015, los grandes propietarios de viviendas --fundamentalmente, entidades financieras y sociedades de gestión inmobiliaria-- advirtieron de la inconsistencia de la nueva legislación. "Los propios funcionarios de la Generalitat aseguran que esta ley no se aguanta por ningún lado", explica un alto cargo del sector.

Carencias de fondo y forma

Además de la falta de competencias por parte de las autonomías para legislar sobre cuestiones como la mediación extrajudicial previa al desahucio o la cesión obligatoria de pisos vacíos a la administración --los argumentos utilizados por el ejecutivo de Mariano Rajoy en el recurso--, los grandes tenedores señalan otras carencias, tanto de fondo como de forma.

"Se pretende solucionar técnicamente situaciones muy complejas", señala la fuente citada. Junto a la obligación de los propietarios a ofrecer un alquiler social a las familias en riesgo de exclusión víctimas de un lanzamiento hipotecario, la ley 24/2015 establecía al detalle los requisitos de esta nueva renta.

Límites de renta pre-establecidos

Entre ellos figura que el nuevo alquiler no puede superar el 10% de los ingresos en las familias más vulnerables, siempre en base al indicador de renta de suficiencia (IRSC). Aumentando este límite hasta el 12% y el 18%, según crece su clasificación en dicho baremo. En cualquiera de los casos estas barreras se sitúan muy por debajo del 30% que los ayuntamientos habitualmente establecen para los alquileres sociales.  

Esta estrategia, advierten desde el sector, "simplifica mucho la realidad" al aplicar mecanismos porcentuales pre-establecidos a realidades que hay que estudiar caso por caso.

Procedimientos propios

Conocedoras del impacto en la opinión pública de la problemática de la vivienda, los grandes propietarios pusieron en marcha hace años mecanismos propios para gestionar las situaciones más delicadas. Este es el caso del Banc Sabadell, con alrededor de 1.200 alquileres sociales en activo, según los datos de la entidad, y una gestora propia para este tipo de viviendas.

A pesar de las críticas a la ley ahora impugnada, varios de los procedimientos contemplados ya eran aplicados por las sociedades inmobiliarias más activas en nuestro país. Aunque, eso sí, de manera autónoma y a través de negociaciones individuales entre arrendador y arrendatario. Un mecanismo que, según estas entidades, ha mostrado su eficacia.

Además del derecho al realojo en otra vivienda bajo una renta asumible, la dación en pago --el fin de la deuda tras la entrega de las llaves-- acaba siendo en muchos casos la solución consensuada entre las partes, explican las fuentes consultadas. Que al mismo tiempo reclaman a las administraciones, especialmente la autonómica, que hagan su parte: aumentar las partidas dedicadas a ayudas al alquiler, un complemento clave para muchas familias.

Relación con la administración

El nuevo escenario que se abre tras el recurso al Constitucional de la ley 24/2015 deja ahora muchas puertas abiertas. Especialmente debido al crucial momento político que se vive tanto en Cataluña como en España. Por ello, los diferentes gobiernos pretenden evitar a toda costa aparecer como insensibles ante un tema tan delicado, interpretan desde el sector. 

Aun así, también advierten de cómo los posibles cambios legislativos y la creciente presión de los movimientos sociales podría, de nuevo, "complicar la relación con la administración pública". Todo ello una vez superados los años más duros de la crisis.
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