El taxi lanza un ultimátum a Torra por no frenar a Uber y Cabify

El sector del taxi se harta de la Generalitat y da 72 horas para poder ver el decreto con el que el gobierno autonómico regulará a Uber y Cabify

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El taxi mete la directa contra el gobierno de Quim Torra ante su inacción para frenar el auge de las licencias VTC, las que utilizan los coches de Uber y Cabify. El sector en Cataluña, liderado por la organización Élite Taxi y otras once asociaciones, se da hasta el próximo lunes para decidir si vuelven a colapsar o no las principales ciudades de la región. 

El sector del taxi quiere que se ate en corto a Uber y Cabify y para ello fija dos líneas rojas que deben reflejarse en el próximo decreto de la Generalitat: la obligatoriedad de precontratar de manera definida y con 12 horas de antelación cualquier servicio de estas dos plataformas y, además, que estos vehículos VTC regresen a sus bases una vez hayan prestado su servicio.

Exigencias del taxi contra la VTC: precontratar con 12 horas de antelación el servicio de Uber y Cabify

El portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, tiene claro que el taxi saldrá a la calle si no se cumplen estas exigencias. “Es la hora de que la Generalitat hago uso de sus competencias y solucione definitivamente el conflicto taxi-VTC en Cataluña”, explica al respecto. Su demanda es que se fijen las condiciones necesarias que diferencien a un sector y otro, algo que no basta con regular a las VTC únicamente «con la retirada de algunos vehículos durante los días de fiesta», añade a modo de ejemplo.  

El taxi ha convocado una reunión trascendental para el próximo lunes por la tarde —la fecha está por determinar—, en la que decidirán si bloquean de nuevo, como sucedió en verano, las principales ciudades de Cataluña. 

La Generalitat quiere ganar tiempo

Otras fuentes del sector, cercanas a la patronal de las VTC, Unauto, confirman los temores del taxi y advierten de que la regularización de la Generalitat no llegará tan pronto como se espera. La razón es sencilla: el real decreto que fue aprobado en octubre por el Congreso fijó una moratoria de cuatro años que impedía que las licencias VTC sufrieran algún tipo de limitación. 

Es por ello que desde la Generalitat, inciden las mismas fuentes, temen que cualquier regularización se les vuelva en contra — Fomento ya está recibiendo reclamaciones en otros puntos de España — y la administración termine siendo obligada a indemnizar con dinero público a los titulares de estas licencias.

Dentro del propio Ejecutivo catalán existiría una clara división entre los defensores de las tesis del taxi y los detractores, con la Conselleria de Economía —también desde la ACCO, el organismo de competencia de Cataluña— como la voz más crítica. 

Cataluña, zona cero del conflicto con Uber y Cabify

Cataluña juega un papel muy relevante en el conflicto entre el taxi y la VTC. Es la segunda región de España con más número de autorizaciones de este tipo. Los datos de Fomento, referidos a diciembre (último mes disponible), apuntan a que en la región hay 2.398 autorizaciones VTC, por delante de Andalucía (1.857) y por detrás de Madrid (6.376). Los tres puntos suman más del 80% de licencias VTC disponibles en toda España. 

En la región, concretamente en la ciudad de Barcelona, están presentes las dos plataformas estrella: Uber y Cabify. La compañía española lleva más tiempo operando, en parte con las licencias VTC de Vector Ronda Teleport, ligada al empresario Rosauro Varo (ex Pepephone).

Uber, por su parte, regresó en marzo del pasado año, después de haber operado por primera vez con el servicio UberPop, que fue impugnado por Bruselas en 2015. Lo hizo de la mano de de ALSA, conocida empresa de transporte por carretera de origen asturiano y propietaria de las licencias VTC con las que Uber opera en la capital catalana.

Cristian Reche

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