Fraile recibe la primera denuncia tras la quiebra de la CCC

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El Consell de Gremis demanda al ex patrón de los comerciantes catalanes por presunta falsificación de facturas

Miquel Àngel Fraile, ex secretario general de la Confederació de Comerç de Catalunya / EP

Barcelona, 02 de febrero de 2017 (05:00 CET)

Han tenido que pasar cinco meses desde la entrada en concurso de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), y ocho desde el despido de Miquel Àngel Fraile, culpabilizado por la caída de la patronal, para que alguien se atreva a denunciarle. Ha sido el Consell de Gremis de Catalunya, que estaba vinculado a la CCC y que también estuvo dirigido por Fraile.

Según ha podido saber Economía Digital, el Consell puso una denuncia hace pocos días, por presunta falsificación de facturas. Este supuesto delito lo habría cometido en su etapa como secretario general del Consell de Gremis, del que Fraile fue despedido hace un año porque su presidente, Miquel Donnay, perdió la confianza en él. Entonces, el Consell se desvinculó también de la CCC.

Al frente del Consell, Fraile habría falsificado facturas para poder cobrar subvenciones públicas, en concreto de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, según explicaron fuentes de dicha organización. Cuando recibía el dinero público, tenía que justificar que se destinaba al propósito pactado –que solía ser apoyo al pequeño comercio o a los gremios–. Para justificarlo, facturaba informes que no se hacían o de los que, al menos, la junta del consejo no tenía constancia.

Red familiar  

El ex secretario general de la CCC tejió una red familiar para aprovechar hasta el último euro de las subvenciones, según las mismas fuentes. Las facturas las hacía Asociación Gabinete Técnico Comercial (AGTC), un proveedor habitual de la CCC y del Consell de Gremis, por supuestos informes sobre la situación del sector comercial.  

Dicha asociación, que funcionaba como una empresa, estaba vinculada a Fraile. Primero, a través de Xavier Coll, ex empleado de la CCC y amigo personal de su ex secretario general. En los últimos años, quien se hizo cargo de la AGTC fue Ferran Canadell, yerno de Fraile, según explicaron varias fuentes vinculadas a las patronales del comercio.  

Las facturas por las que el Consell de Gremis ha denunciado a Fraile ascienden a 68.000 euros, y los informes por los que se supone que se cursaron, supuestamente no existen. "El Consell le servía para pedir subvenciones. Las pedía y cargaba facturas al Consell de Gremis, pero eran de sus empresas", asegura una fuente conocedora de la situación.  

No salían los números

Con el Consell de Gremis pasó algo parecido a lo de la CCC, aunque la sangre no llegó al río. Fraile ya era su secretario general cuando Miquel Donnay llegó a la presidencia, a mediados de 2014. El nuevo presidente se fue hartando de Fraile al ver que le pedía información de las cuentas y recibía evasivas.  

Cuando las consiguió, vio que el secretario general cobraba más que lo que ingresaba el Consell por cuotas de sus afiliados, lo cual era insostenible. Fue entonces cuando la junta descubrió el modus operandi de Fraile con las subvenciones y decidió echarle y abandonar la CCC ante sospechas de posibles irregularidades.

Al ser despedido, Fraile denunció al Consell por despido improcedente, caso que todavía está en los juzgados. En las últimas semanas, al ver que Fraile seguía adelante con la denuncia y ante el temor de que el caso de la Confederació de Comerç termine salpicando al Consell de Gremis, esta organización optó por denunciar. Fraile también ha denunciado a la CCC por despido improcedente.    

La CCC sigue inmóvil  

La Confederació de Comerç se encuentra en concurso con un agujero de unos cinco millones de euros. Pese a que la última junta, presidida por Rosa Eritja, culpa a Fraile de la deuda de la patronal por su mala gestión, no le ha denunciado. También el informe concursal apunta a un posible delito del ex secretario general por crear una estructura piramidal sustentada sobre los fondos de formación.

Quien sí podría actuar es la Fiscalía de Barcelona, que, como explicó Economía Digital, ha abierto una investigación por el uso del dinero para cursos y los fondos de garantía que se pedía a los centros de formación. Estos centros son el colectivo más afectado por el concurso: la CCC les debe 1,6 millones de euros, de los que 1,3 millones son depósitos que debían devolverse pero que desaparecieron.
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