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El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pide a Endesa que desista de solicitar el permiso para reanudar la actividad de la planta nuclear deficitaria

Economía Digital

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sanchéz Galán, al inicio de la Junta General de Accionistas de marzo pasado, en Bilbao. EFE/Luis Tejido

Barcelona, 31 de marzo de 2017 (20:56 CET)

Iberdrola tiene tomada una decisión sobre la planta nuclear de Garoña (Burgos).  Tras muchos episodios en los que se llegó a apostar por alargar la vida de la central burgalesa, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán no está dispuesta a reabrirla. Por ello, pide ahora a Endesa -su socio en Nuclenor- que de marcha atrás en los planes de reanudación de actividad que solicitó al Gobierno.

Sánchez Galán no ve viabilidad en el futuro de Garoña. El máximo responsable argumenta que la empresa que opera allí, Nuclenor, lleva varios ejercicios con "pérdidas cuantiosas". Nuclenor está participada al 50 % por Iberdrola y Endesa. Es por eso que Sánchez Galán debe "llegar a un acuerdo" para poder cerrar definitivamente la planta, que lleva parada desde 2012.

Así se ha confirmado este viernes en la junta de accionistas que ha celebrado la eléctrica. Durante su transcurso la portavoz de Energía Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón ha interpelado a los dirigentes sobre el futuro de Garoña. Montón opina que Endesa "comparte la misma visión aunque no lo haga público". 

Garoña: Iberdrola y Endesa participan al 50% en la planta nuclear

A su voz se han unido otras voces antinucleares de la sociedad española. Desde las plataformas, que horas antes han realizado una protesta ante los accionistas, instan al Ejecutivo a abandonar "su intención" de ampliar la vida del parque nuclear hasta los 60 años de vida. Además, exigen que se cierren las cinco plantas activas en el país una vez se hayan cumpplido los 40 años de vida útil. 

El Gobierno, a la espera

Fuentes del ministerio de Energía señalan que no tomarán, por el momento, una decisión sobre el futuro de la central burgalesa. Primero quieren escuchar a todas las partes implicadas, entre ellas comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas.

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