Joan Font (i) y Josep Font (d), en la inauguración de un supermercado Bon Preu. ED

Josep Font llevará la guerra de Bon Preu a la Audiencia

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La juez da la razón a Joan Font y le autoriza a partir la cadena de supermercados en dos partes, una para cada hermano

Barcelona, 06 de noviembre de 2018 (14:09 CET)

Tras una primera sentencia judicial, la guerra fraternal en el accionariado de Bon Preu está lejos de terminar. El vicepresidente y propietario de del 50% de la cadena de supermercados, Josep Font, recurrirá el fallo del juzgado de lo mercantil número 8 en el que autorizaba a su hermano Joan, presidente y dueño de la otra mitad de la empresa, a iniciar la partición del grupo en dos mitades; una para cada uno.

Josep llevará el caso a la Audiencia Provincial después de que la magistrada Marta Cervera desestimara sus demandas para que su hermano le comprara su parte de la sociedad. Del mismo modo, abrió la puerta al siguiente mecanismo previsto en los estatutos de la firma para la resolución de conflictos: la separación en dos.

La razón es que la juez no atisba futuro alguno en la ronda de valoraciones que ya se hizo para saber el precio que debería pagar Joan Font. A lo largo del enfrentamiento, ambos bandos encargaron sus propias valoraciones antes de ejercer el derecho de separación de socios, previsto en los estatutos de la empresa. La primera, solicitada por Josep, fue realizada por Mazars y fijó un precio de 960 para toda la empresa. A su vez, Joan pidió un informe a Faura-Casas, que marcó el precio en sólo 380 millones.

Josep Font pedía entre 530 y 497 millones de euros a su hermano Joan por la mitad de Bon Preu

Ante las diferencias, el vicepresidente acudió a Grant Thornton, que disparó el precio de Bon Preu hasta los 1.100 millones. En cambio, el presidente tocó el timbre de KPMG, que situó la compañía en 600 millones. Eso sí: avisó de que en caso de venta, el valor del 50% sería sólo de 210 millones. Al haber una diferencia superior al 25% entre las distintas valoraciones, todas quedaron invalidadas.

Los abogados de Josep Font trataron de encontrar una vía para acercar las auditorías y que el conflicto no se encamine hacia la partición de la compañía, tal y como pretende Joan. Por ello, solicitaron la comparecencia del perito Manuel García-Ayuso ante el juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona. Desacreditó la validez de todos los informes a excepción de la de Grant Thornton.

El experto aplicó una serie de correcciones metodológicas para modificar el valor de KPMG. Con los cambios, el precio de Bon Preu ascendería hasta los 900 millones de euros. Gracias a la escalada, la distancia con el informe de Grant Thornton se reduciría y ambas serían consideradas válidas. De la media entre los dos estudios nacen los 497 millones de euros que solicita ahora Josep Font frente a los 530,65 millones más intereses exigidos hasta el momento.

La juez ya dio pistas de su posición en las diligencias previas

Como ya explicó Economía Digital, la juez ya desestimó las anteriores demandas de Josep Font​, que pedía frenar las gestiones de su pariente para partir la sociedad. De hecho, ya existe un boceto de la división depositado ante un notario en Vic (Barcelona) que separa los activos en tres partes: una para los servicios centrales y dos para las gasolineras y los supermercados.

Hizo así oídos sordos a las peticiones de Espai d'Inversions, la patrimonial del vicepresidente, que pedía "el cese de cualquier actuación" realizada por Bon Preu o Baloo d’Inversions, la patrimonial de Joan, para trocear el grupo. También solicitaba que ninguna de las dos pudiera destinar recursos al fraccionamiento y que se comunicara a los notarios y firmas de abogados a los que se hubiera encargado el proceso que terminaran con sus actividades. Ninguna de las quejas fue escuchada.

El conflicto en los tribunales parte de una diferente interpretación del artículo 35 de los estatutos de la compañía. Los supermercados catalanes tienen una cláusula para actuar en el caso de que los dos accionistas voten repetidamente en sentido contrario sobre asuntos claves. Si en 20 días no hay un acuerdo, se abre la posibilidad del derecho de separación. Uno de los socios podrá exigir al otro que compre su parte.

Para ello, ambos encargarán una valoración a un auditor independiente para estimar el precio, que saldrá de la media de las dos tasaciones siempre que no estén separadas por más de un 25%. De estar muy alejadas, podrán solicitar una segunda opinión a otra firma. El siguiente mecanismo es la partición.

"Al haber una diferencia superior al 25% en las valoraciones estamos ante la existencia de una irregularidad que invalida las valoraciones, que no pueden tomarse en cuenta", señaló la magistrada. Y zanjó: "Lo que está claro es que no puede hacerse una tercera o cuarta ronda de valoraciones, pues el espíritu de la cláusula es resolver el conflicto y no caer en una espiral absurda que lo perpetúa". "La lógica obliga a avanzar con el siguiente mecanismo", terminó.

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