La banca se echa en brazos de las maniobras políticas de Florentino

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Las entidades no refinanciarán la deuda de 400 millones de TP Ferro, empresa que gestiona el Túnel del Pertús, si Florentino Pérez no logra colaboración pública

Florentino Pérez, presidente y mayor accionista de ACS

Barcelona, 09 de septiembre de 2016 (01:00 CET)

En menos de una semana, el próximo 15 de septiembre, la banca acreedora de TP Ferro, empresa que gestiona el Túnel del Pertús, debe decidir si refinancia su deuda de casi 400 millones de euros o la deja caer. Todo apunta a que irá a la liquidación, aunque les queda una carta: las maniobras políticas de Florentino Pérez.  

ACS, constructora presidida por el también presidente del Real Madrid, es propietaria del 50% de TP Ferro –el otro 50% está en manos de la francesa Eiffage–. Ambas compañías han intentado que los bancos y los gobiernos español y francés les ayuden a superar el concurso de acreedores en el que se encuentra la gestora del túnel del AVE a Francia por los Pirineos.  

Hasta ahora, sólo han recibido calabazas. La banca, encabezada por ING, Bankia, Santander y BBVA, no ha aceptado ni las quitas, ni convertir parte del crédito en préstamos participativos, ni siquiera ha dado credibilidad al plan que presentó TP Ferro y que requería dinero público, a lo que la ex ministra de Fomento, Ana Pastor, se negó.  

Por ello, la banca se inclina por no refinanciar los cerca de 400 millones que las constructoras le deben, con lo que mandarían a la compañía a la liquidación, según han explicado fuentes financieras a Economía Digital. La única posibilidad de que esta opinión cambie, a pocos días de la decisión final, es que haya un plan que reciba el apoyo de la administración.

Florentino Pérez "se está moviendo"  

Las fuentes consultadas han explicado que Florentino Pérez, empresario con una clara influencia política, "se está moviendo" para conseguir que el Gobierno acepte pagar una parte de la deuda, además de alargar la concesión. En Cataluña, donde está el Túnel del Pertús, no se olvidan los 1.350 millones de indemnización pagados por el ejecutivo de Rajoy a Florentino por el almacén de gas Castor.  

Estos movimientos son lo único a lo que pueden agarrarse las entidades como alternativa a la liquidación. Pero saben que es un clavo ardiendo: con la actual situación política, a las puertas de unas posibles terceras elecciones en un año y con la ciudadanía cada vez más harta de casos de corrupción y amiguismos, aprobar ahora un pago millonario a dos poderosas empresas es algo difícil de imaginar.  

Un plan de negocio inasumible  

TP Ferro presentó concurso de acreedores hace un año con una deuda de 560 millones de euros. Lo hizo pidiendo el rescate por parte de España y Francia de unos 420 millones, algo a lo que sus gobiernos se negaron. ACS llegó a amenazar con abandonar el túnel, por el que no pasan ni una cuarta parte de los trenes que a priori estaban previstos cuando se adjudicó la construcción y la concesión.  

Ya este año, TP Ferro presentó un plan de negocio por el que pedía que se prorrogara la concesión durante 25 años más y según el cual, España y Francia deberían de poner 80 millones de euros, algo que también rechazan. Respecto a la deuda con la banca, se iban a pagar 100 millones dentro de diez años y los 300 restantes se transformarían en créditos participativos, algo que las entidades tampoco aceptan.  

Como nadie, ni la propia compañía, según las fuentes consultadas, confía en este plan de negocio, lo más probable es que se encamine hacia la liquidación. ¿Qué pasará después? Se puede reproducir lo mismo que con las radiales de Madrid, que terminaron siendo rescatadas por el Estado.  

La vía de la liquidación  

Si se liquida la sociedad, la infraestructura, en uso, pasará a ser pública. Los administradores concursales echarán mano de la responsabilidad patrimonial de la administración, para que los gobiernos español y francés compensen a ACS y Eiffage. Si, como ha repetido Pastor, el Gobierno se niega a poner dinero, se iniciará una judicialización que puede durar años.    

A pesar de este incierto camino, la banca prefiere, a priori, la liquidación, ya que confía en terminar cobrando, aunque sea proveniente de las arcas públicas. ¿Cómo? Si el proceso se dilata en los juzgados, dará tiempo a la formación de un gobierno estable en España que, bajado el suflé electoral, pueda terminar rescatando a TP Ferro, ACS y los bancos.

Para ello hará falta la colaboración de Francia. La situación política allí no es mejor que la española. El presidente de la República, François Hollande, encara elecciones en 2017 con la popularidad por los suelos y las encuestas ni siquiera le colocan en segunda vuelta. En esta situación, parece difícil que acepte el rescate, y más teniendo en cuenta que Francia ha apostado muy tímidamente por la conexión ferroviaria con España.
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