La CNMC abre expediente sancionador a Repsol por la compra de Petrocat

La autoridad de la competencia explica que "existen indicios" de que Repsol incumplió los compromisos impuestos para tomar el control de Petrocat

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Repsol por el posible incumplimiento de los compromisos adquiridos tras la compra de Petrocat, celebrada hace más de cuatro años.

«Existen indicios de que Repsol habría incumplido los compromisos de la Sección C y de la Sección E, recogidos en la Resolución del Consejo de la CNMC de 3 de abril de 2014», dice la entidad en una nota de prensa.

La sección C establecía una obligación de aprovisionamiento mínimo de gasolina y gasóleos por parte de Repsol, procedente de terceros operadores para la distribución de combustibles a través de las estaciones de servicio gestionadas por Petrocat en régimen de venta en firme y para la actividad de ventas directas.

Con respecto a la sección E, la CNMC recuerda que Repsol estaba obligada a enviar un informe anual sobre el grado de cumplimiento del compromiso de la sección C, del que también acusa un posible incumplimiento por parte de la petrolera.

La CNMC presentará una resolución sobre Repsol y Petrocat en menos de tres meses

De esta manera la CNMC incoa un expediente sancionador que no prejuzga el resultado final de la investigación. A partir de este momento se abre un periodo máximo de tres meses para la instrucción del expediente y para su resolución por parte de la CNMC, de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

En marzo de 2014, Repsol presentó una propuesta de requisitos para realizar la operación, luego detallada en abril por la CNMC con todas las condiciones impuestas para tomar el control de la compañía catalana. Finalmente, en octubre, la comisión aprobó la propuesta de venta a terceros hecha por Repsol, excepto en el caso de una estación de servicio.

Entre las condiciones impuestas estaba la obligación de desprenderse de 23 gasolineras, de las que 17 estaban en Barcelona, cuatro en Tarragona, una en Lleida y otra en Madrid. La CNMC tenía la intención de evitar que la petrolera, que tenía una refinería en Tarragona, reforzase una integración vertical que llevara al cierre de mercados a otros suministradores.

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