La deuda de la CCC engorda hasta los cinco millones

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La reclamación de la Generalitat y las sentencias a favor de los empleados hinchan todavía más el pasivo de la quebrada patronal de los comerciantes catalanes

Maria Rosa Eritja, presidenta y secretaria general de la Confederació de Comerç de Catalunya

Barcelona, 21 de febrero de 2017 (05:00 CET)

Hace medio año que presentó la liquidación, pero su deuda ha seguido engordando. La Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) solicitó el concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 4,4 millones de euros, pero la cantidad ya se acerca a los 5,1 millones de euros, según los últimos datos del concurso.  

Fuentes conocedoras de la situación de la CCC explicaron a Economía Digital que su deuda ha seguido creciendo después de la entrada en concurso, básicamente por dos factores: por las sentencias a favor de los trabajadores despedidos y, sobre todo, porque han aflorado nuevos acreedores. El más importante, la Generalitat de Catalunya.  

Como adelantó este medio, el Consorci per a la Formació Contínua reclama 700.000 euros de formación a la CCC. Esta deuda se estructura en dos partes: por un lado, por dinero avanzado para cursos que no se hicieron, que suman 433.000 euros. Por el otro, por irregularidades detectadas en cursos realizados y pagados, unos 270.000 euros.  

A esta nueva deuda, que no estaba contemplada en el primer informe concursal realizado en noviembre porque la Generalitat no había cerrado los cálculos, hay que sumarle la de algún otro pequeño acreedor –algún centro de formación–, cuya deuda se había obviado en el primer cálculo.  

Con estas cifras ya se superaban los cinco millones de pasivo, pero éste ha crecido también por las denuncias recibidas por parte de ex trabajadores. Los primeros empleados despedidos por la CCC, todavía por Miquel Àngel Fraile, ex secretario general culpado de la situación de la patronal, la denunciaron al entender que eran despidos improcedentes.  

Se trata de algunos ex delegados de la CCC en varias comarcas catalanas, que presentaron denuncia al haber sido despedidos por Fraile cuando éste ya había sido cesado de su cargo. Algunos de ellos ya han ganado sus juicios, con lo que sus indemnizaciones se han ido sumando al pasivo de la Confederació.    

La Generalitat, primer acreedor de la CCC
 
Tras la reclamación de 700.000 euros para formación, la Generalitat ha pasado a ser el primer acreedor de la quebrada CCC. Además del dinero reclamado por el Consorci per a la Formació Contínua, el Institut Català de Finances (ICF), el ICO catalán, le reclama más de 200.000 euros de créditos impagados.  

Por el lado del ICF, puede que la administración cobre algo, ya que la mitad de la deuda con dicha entidad es privilegiada, con lo que tiene alguna posibilidad de recibir parte del dinero. La extinta patronal de los comerciantes catalanes cuenta sólo con 267.000 euros de activos para cubrir el pasivo de cinco millones.  

El activo ni siquiera alcanza para pagar una quinta parte de los créditos privilegiados, que son de unos 1,5 millones de euros. Además de Hacienda, la Seguridad Social y parte de los créditos del ICF, conforman los privilegiados 800.000 euros de créditos del Santander y casi medio millón que deben a los trabajadores, por sueldos impagados e indemnizaciones.  

Sólo una denuncia  

La Confederació de Comerç presentó concurso en septiembre del año pasado al no poder hacer frente al millonario agujero en sus cuentas. Unos meses antes, en mayo, la junta presidida por Maria Rosa Eritja, tras descubrir la situación de la patronal, despidió a Miquel Àngel Fraile, quien había sido secretario general des del primer día.  

En la memoria presentada al administrador concursal, Eritja y la cúpula de la organización culpaban a Fraile de haber construido una red piramidal con los fondos para formación y de haber escondido las pérdidas reales de la CCC. Pese a ello, la junta no ha presentado denuncia contra Fraile.

Sólo ha denunciado el Consell de Gremis, por presuntas facturas falsas para cobrar subvenciones. Paralelamente, la Fiscalía de Barcelona está investigando el uso que hacía la CCC de los fondos para formación, después de que el Govern le hiciera llegar las quejas de los centros de formación.
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