La trama empresarial que ha rodeado a CDC

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Las Copisa, Isolux, Urbaser, Ferrovial, FCC, Grupo Soler, o Rogasa, en la supuesta financiación de Convergència

El empresario Jordi Sumarroca

Barcelona, 21 de octubre de 2015 (21:30 CET)

Las constructoras y empresas de servicios que pagaron comisiones a CDC a través de la red de los Pujol, los que lo hicieron por medio de puentes como el Palau o de donaciones a la fundaciones CatDem y Barcelona Fórum, se entremezclan en una red enorme de culpables y timados. Conforman la arquitectura enigmática y criminal del 3%. Como en el caso de Gatsby, su fin de fiesta se escribe ahora a la sombra o ante el juicio oral.

El sector negocios de Convergència se desploma en pleno crack up. ¿Quién podía pensar que Copisa, la antigua Constructora Pirenaica que fue propiedad de Fecsa (ex filial de Endesa), acabaría saliendo en los papeles detrás de Pujol Jr.?

Los Alegre Marcet, entronque catalán de los March, Zaforteza o Delgado, azarosos señores de la Barcelona Traction, se encargaron del spin off de Copisa; la sacaron del balance de la eléctrica y la vendieron para acabar cayendo en manos del Gatsby catalán.

Copisa, abono a sociedades de Pujol Ferrusola

Ya está probado que Copisa abonó a sociedades de Jordi Pujol Ferrusola 3,59 millones de euros entre 2008 y 2009 en comisiones, lo que le convierte en el principal pagador del primogénito del expresidente; pero, atención, de momento no hay ningún documento que lo pruebe, como tampoco los hubo en la fiebre del oro de Evaristo Arnús o en el sonado desfalco bursátil de Juanito Sampere.

En Catalunya, los negocios del pasado, después de enterrados, son el germen del presente. El corcho ampurdanés y la Chade argentina de Francesc Cambó dejaron restos a los primeros inspiradores de Banca Catalana, y también rebajaron el precio del desembarco eléctrico de Endesa en el Cono Sur. La torre Diagonal del Sabadell fue adquirida gracias a las quitas de Arab Banking Corporation (ABC), la última pieza del naufragio saudí y kuwaití, en la última década de la pasada centuria.

Copisa reverdece. Su directivo Xavier Tauler, detenido ayer por la Guardia Civil, ya había declarado anteriormente como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, admitiendo que Pujol Ferrusola (amigo de la infancia) y él se entendían de manera verbal, sin rastro.


Contratos verbales, sin pruebas

Lo mismo afirmó entonces Luis Delso, presidente de Isolux, la segunda mayor pagadora, con más de dos millones de euros: todos los contratos eran verbales y sin ningún soporte documental. La construcción jugaba a los dados del destino en la época inflacionaria del spleen. Los reservados de Vía Veneto o de los antiguos restaurantes Reno y Finisterre tenían paredes aislantes.

En aquella época, Ferrovial, la gran constructora de la familia del Pino, pagaba a CDC comisiones por la concesión de obra pública equivalentes al 4% de la adjudicación. De ese porcentaje, el 2,5% se asignaba a CDC (a través de la Fundación Trias Fargas, actual CatDem) y el 1,5% restante se lo quedaban Fèlix Millet y Jordi Montull, quienes ejercían la intermediación entre los políticos y los empresarios, según dejó probado el juez del caso Palau, que será archivado si llega a tiempo la modificación de plazos de la Ley de Enjuiciamiento, lanzada por el PP. Menudo morro.

Aunque los actos están prescritos (o pronto lo estarán), es notorio que el enlace de Ferrovial en Catalunya fue Xavier Ribó, antiguo presidente del Banco Industrial del Mediterráneo (BIM), en la órbita de Banca Catalana, y ex presidente de Promo Prensa, la editora del extinguido Correo Catalán, una cabecera tradicionalista incorporada al agitpropde Jordi Pujol, en sus mejores años.

Aparición de FCC

Ferrovial se quedó con Cespa, la filial del opaco negocio de los residuos, licitadora de importantes municipios. Hay ayuntamientos ya pillados en el 3% que tienen vertedero jugoso. Es el caso de Olot, ayer también registrado, cuyo exalcalde, Pere Macias, el cerebro mejor ordenado de Convergència, abandona la política, harto de catalanizar España, el imposible metafísico.

Por su parte, FCC, la constructora de Esther Alcocer Koplowitz, hoy controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, aparece y desaparece en la vida judicial itinerante de las comisiones del 3%. En muchos casos, los fondos desaparecen tras el rastro de Gatsby Pujol Ferrusola o de su exesposa Mercè Gironés. FCC tiene su sede histórica en Barcelona porque fue fruto de la fusión entre la Focsa, de los Piera y los Villalonga, y la madrileña Construcciones y Contratas.

Urbaser, Rogasa, Grupo Soler, Oproler y Tec Cuatro son algunas de las empresas pilladas en la suposición judicial del 3%; y hay muchas más hasta alcanzar el centenar de empresas que han hecho, en los últimos años, donaciones a las dos fundaciones de Convergència, CatDem y Barcelona Fòrum.

En este grupo se encuentran sendas filiales de Acciona y Agbar, las empresas suministradoras de agua en la región metropolitana de Barcelona. El contencioso entre ambas apareció con la licitación de ATLL a favor de Acciona perjudicando los intereses de Agbar, presidido por un Ángel Simón, un ejecutivo vinculado al entorno socialista. En los asuntos de Convergència rige el principio de que todos los inductores del 3% han sido donantes en alguna ocasión; pero no todos los donantes son supuestos culpables de cohecho. La misma correlación, bueno malo o malo bueno, que existe entre la Masonería y el Rotary Club.


Sesgo político

Aunque el delito existe, el sesgo político de esta vuelta de tuerca al 3% resulta innegable. Especialmente cuando los magistrados Enrique López y Concha Espejel, afines al PP, juzgarán la Gürtel con la ayuda del ministro Rafael Catalá y como si tal cosa, haciendo frente a la denuncia del consejo de fiscales. El cráter de la intriga política en España está en Plaza Castilla, sede de la Audiencia Nacional. El Gobierno de Rajoy ha cedido a la enmarañada Justicia las razones de una penitencia que no se aplica a sí mismo.

Una de las cumbres de los negocios de CDC se encuentra hoy en Tarragona, la referencia judicial y policial de Torredembarra, donde por sobre costes en obras públicas y adjudicaciones a dedo ha caído sobre Jordi Sumarroca, el benjamín de los hijos de Carles Sumarroca, presidente no ejecutivo de Comnsa Emte y uno de los fundadores de Convergència.

La Guardia Civil registró este miércoles el Ayuntamiento de El Vendrell, que junto con Reus, es la avanzadilla de la privatización encubierta de la Sanidad catalana, a través de mutualidades, impulsada por el consejero Boi Ruíz. Otra fuente dinero oscuro.

Origen y final de CDC

Tarragona es uno de los brazos de la Convergència monetizada y muy enfrentada con el grupo hegemónico y verticalista que pugna por la independencia, bajo las órdenes del camarada Josep Rull o de Francesc Homs, alias Savonarola.

A través de los Sumarroca, el cluster de Tarragona se extiende al Pirineo leridano, patria chica del veterano constructor, Carlos Sumarroca, que presidió Premsa Catalana (antigua editora del diario Avui), vinculado por lazos de amistad y familia a otros troncos de Convergència, como los Ferrusola. La esposa del pionero de Emte, Nuria Claverol, fue la socia de Marta Ferrusola en la empresa Hidroplant.

El Pirineo, la región querenciosa de Jordi Pujol y Marta –la casa de Queralps en la Collada de Tossas-- fue el nido germinal de Copisa, constructora de diques y cauces en los saltos de agua de la antigua Fecsa; origen y el final de la financiación de CDC.

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