Las cafeterías de Arturo Fernández acaban en concurso de acreedores

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El Grupo Arturo Cantoblanco asegura que garantizará los compromisos con los clientes y los puestos de trabajo

El presidente de Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández | EFE

17 de junio de 2014 (08:41 CET)

La empresa de Arturo Fernández, el grupo Arturo Cantoblanco , ha sufrido un grave revés. La compañía de cafeterías ha entrado en preconcurso de acreedores este lunes, según informó la propia empresa. Arturo Cantoblanco anunció que se ha acogido a la ley concursal con el propósito de iniciar una profunda reestructuración del grupo para garantizar el futuro empresarial.

Fernández, presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, ha asegurado que el propósito de la empresa es salvaguardar los compromisos adquiridos con las empresas proveedoras y los 1.800 puestos de trabajo.

Presidencia de la patronal madrileña

Con el preconcurso, el grupo de Fernández contará con un plazo de tres meses (ampliable hasta cuatro) para poner en orden sus compromisos con sus acreedores: 58 millones de euros que debe a la Seguridad Social, Hacienda y a varias entidades bancarias.

Los allegados de Arturo Fernández aseguran que el empresario se resistió a aplicar el concurso de acreedores con anterioridad por miedo a que el proceso perjudicara su candidatura para la presidencia de la patronal madrileña, la CEIM.

Retraso de nóminas

El economista Antonio Arenas, nombrado hace poco más de un mes consejero delegado del grupo, deberá dirigir la reestructuración empresarial que podrá prescindir de algunas líneas de negocio. Hacienda y la Seguridad Social tienen ordenado un embargo en contra del grupo y han obligado a la Asamblea de Madrid, cuya cafetería es gestionada por Fernández, a pagar directamente los servicios a Hacienda.

Fernández, que se ha visto obligado a retrasar las nóminas de sus trabajadores y que ha sido acusado de pagar en negro, está también bajo el punto de mira de la oposición de la Asamblea de Madrid por el escándalo de corrupción relacionados con los falsos cursos de formación que coordinaban entidades adscritas a la CEIM para recibir subvenciones públicas.
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