Las licitaciones de obras públicas caen un 25% en el 2016

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La parálisis política y la falta de fondos han frenado las obras públicas entre enero y mayo, hasta totalizar poco más de 3.600 millones de euros

Obras del AVE en la línea Madrid-Valencia. / EFE

Barcelona, 03 de julio de 2016 (12:49 CET)

Las licitaciones de obras públicas se han ralentizando en los primeros cinco meses del año, y sumaron un total de 3.664,88 millones de euros, esto es un 24,8% menos que en el mismo período del año pasado.

El gran agujero negro que ha absorbido esta debacle ha sido el desplome de los proyectos de AVE, ya que se han licitado trabajos por sólo 128,52 millones de euros, o sea, un 79% que hace un año. De ser la niña de los ojos de las obras públicas, los trabajos del AVE apenas representaron al 3,5% del total de las licitaciones, informa Seopan, la patronal de las grandes constructoras.

Pero los trenes de alta velocidad no han sido el único sector con caídas. Le siguen las licitaciones de centros sanitarios (-61%), las de dotaciones hidráulicas (-58,7%) y las de instalaciones industriales (-49%).

La excepción al derrumbe en las licitaciones han sido las carreteras, que han crecido un 4,4%, y han supuesto inversiones por 1.232 millones de euros.

Sólo Fomento ha adjudicado más obras

El Ministerio de Fomento, que aglutina el 44% de las obras ejecutadas en España, fue la única administración que ha encarado más trabajos que el año pasado, donde la mayor cantidad de obras viarias compensaron –en parte- la caída en los trabajos del AVE. En este ministerio, dirigido en funciones por Ana Pastor, contrataron trabajos por 1.613,63 millones de euros, un 9,5% más.

Este crecimiento contrasta con el desplome entre las comunidades autónomas, donde los 855 millones adjudicados representan un 43% menos de trabajos respecto al 2015.

Para colmo, por su mayor capacidad de asumir costes e influencia, la mayoría de las adjudicaciones se limitan a un puñado de grandes empresas, y dejan fuera del juego a las pymes. La patronal catalana PIMEC ha denunciado este favoritismo, y la Unión Europea se dispone a sancionar al gobierno de Rajoy por no haber implementado aún la directiva de contratación de la administración pública.

 

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