En la imagen, una tienda de El Corte Inglés.
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Manuela Carmena se opone a los técnicos del Ayuntamiento de Madrid que apoyan la sentencia del Supremo que pide la demolición de tres centros de la compañía

Madrid, 16 de mayo de 2019 (12:14 CET)

Manuela Carmena busca fórmulas para evitar el derribo de tres centros comerciales de El Corte Inglés. Esta posición difiere de la de los técnicos del Ayuntamiento, que han declarado que la sentencia del Tribunal Supremo --que defiende que la marca habia construido más metros edificables de los permitidos-- es perfectamente ejecutable reduciendo enormemente la superficie comercial de los centros.

Así, los tres centros sentenciados por la Justicia han llevado a una complicada situación empresarial, jurídica y política en el Ayuntamiento de Madrid. El concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, próximo a Manuela Carmena, busca una manera de modificar el plan general para legalizar lo construido.

Al asunto, sin embargo, viene de lejos. En 2013, el Ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por Ana Botella (PP), permitió a El Corte Inglés aumentar la superficie comercial de tres de sus grandes centros a cambio de unos nueve millones de euros, una parcela en Vicálvaro y otra cerca de Doctor Esquerdo para construir un parque.

Así, en los locales de Méndez Álvaro y Campo de las Naciones se permitió ampliar los metros cuadrados destinados a la venta reduciendo espacio para empleados, almacenes, pasillos, según publica El Confidencial.

Sin embargo, un particular recurrió y los tribunales consideraron que las licencias no habían estado lo suficientemente motivadas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló entonces esa aprobación y estableció que los centros superan el aprovechamiento comercial previsto en unos 15.000 metros cuadrados.

El Corte Inglés lo considera inviable

La Justicia ya ha iniciado un procedimiento de ejecución de sentencia. Por su parte, el Corte Inglés ha pedido que se suspenda considerando que no es viable la demolición. El denunciante que inició el caso se adhirió a esa petición de forma temporal el pasado 28 de enero, y el 12 de marzo el juzgado dio dos meses para llegar a un acuerdo.

En teoría, si ninguna de las partes quiere ejecutar una sentencia que tendría unos costes enormes para El Corte Inglés, no debería haber problema. Sin embargo, hay una tercera parte implicada: el Ayuntamiento de Madrid. El consistorio que dirige Carmena no tiene ningún interés en ejecutar el fallo.

De hecho, el ayuntamiento está dispuesto a modificar el plan de ordenación municipal para que los tres centros comerciales encajen dentro de lo permitido. Sin embargo, los técnicos de Urbanismo han emitido un informe en el que consideran que sí se puede ejecutar la sentencia y que bastaría con reducir la superficie comercial, lo que haría un enorme roto económico a la empresa.

En caso de que se ejecutara El Corte Inglés afrontaría incluso una demolición parcial y podrían pedir al ayuntamiento la devolución de los pagos y las parcelas, abriendo previsiblemente un nuevo procedimiento de El Corte Inglés contra el ayuntamiento.

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