Órdago de los bonistas para quedarse con Abengoa

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Proponen aportar los 1.000 millones que la multinacional necesita hasta 2017, a cambio de quedarse con el 70% de la nueva empresa y garantías plenas de que el dinero aportado sería recuperable en caso de concurso

Sede de Abengoa en Sevilla

Madrid, 24 de febrero de 2016 (09:52 CET)

El pulso por quedarse con la futura Abengoa que surja tras el proceso de reestructuración financiera que se está negociando se mantiene por todo lo alto.

Se vio desde el principio, desde que la multinacional sevillana entrara a finales de noviembre en preconcurso de acreedores, que los intereses de las entidades acreedoras –agrupadas en torno al G-7 liderado por el Banco Santander– y los de los bonistas, con el gigante Blackrock al frente, no resultan convergentes. Y, a medida que pasa el tiempo, esa divergencia cada vez se hace más patente.

Los bonistas mueven ficha

El nuevo órdago lanzado por los bonistas pasaría, según publica Cinco Días, por aportar ya unos 1.000 millones de euros, los que la empresa necesita hasta 2017, y en los que se incluirían los polémicos 165 millones para cubrir los gastos hasta el próximo 28 de marzo.

Eso sí, a cambio de reducir el interés a un 5% siguen exigiendo una parte del colateral del 25,5% que los bancos tienen sobre Atlantica, la filial estadounidense, y garantías de que el dinero aportado sería el primero en recuperarse en caso de que, al final, Abengoa entrara en concurso.

Los avales de la discordia

El movimiento llega en un momento clave de las negociaciones que están en marcha para ver quién obtiene el mayor porcentaje del capital de la nueva Abengoa. De salir adelante, los bonistas, al adelantar esa cantidad, también exigirían quedarse al final con el 70% de la multinacional todavía controlada por la familia Benjumea a través de Inversión Corporativa.

A partir de aquí, todo son incógnitas por resolver. Como alternativa a poner ese dinero, los bonistas están tratando de que los bancos y el resto de acreedores aporten avales, por un importe de hasta 1.000 millones, que la empresa necesita para cubrir las garantías requeridas en los proyectos en los que resulte adjudicatario.

Algo que, de momento, las entidades financieras no parecen dispuestas a aceptar. Serían unos 530 millones de euros ya en 2016.
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