Telefónica deberá subir sueldos para cerrar su plan de prejubilaciones

Pese a que las negociaciones están encarriladas, sindicatos y empresa terminaron el viernes su reunión sin acuerdo porque quedaron "flecos" por cerrar

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El plan de salidas incentivadas y el convenio colectivo de Telefónica se firmará antes de que termine el mes de septiembre. Es la sensación que tienen los sindicatos después de haber cerrado la reunión del viernes con avances pero sin acuerdo. Y es que, a falta del definitivo, hay un tema central que acapara la atención de todos: la subida salarial.

La compañía de telecomunicaciones presidida por José María Álvarez-Pallete ya lanzó su propuesta en el documento del nuevo convenio. Las posiciones ahora mismo están de su lado, con un incremento del 1,5% de los salarios como salida más viable. Se trata de un porcentaje que los sindicatos quieren incrementar en alguna décima, aunque saben que es difícil que lo consigan.

Las mismas fuentes indican que el coste de esta propuesta para la empresa ascendería a los 16 millones de euros, calculando que el sueldo medio de Telefónica por trabajador son 50.000 euros (el incremento sería de 750 euros) y la plantilla a la que afectada serán menos de 21.000 trabajadores. 

Por tanto, los sindicatos transmiten que sí habrá una subida salarial, pero será seguramente la propuesta por la empresa. La suya, en el momento en el que arrancaron las negociaciones, era distinta: un aumento del 2% fijo más otro 1% en variables.

Finalmente explican que entre otras reclamaciones que suponen «flecos» dentro del consenso generalizado hay otros dos temas: las pagas semanales y la reducción de jornada. 

Un convenio ligado a las prejubilaciones

Los temas en los que la empresa y los sindicatos no están todavía de acuerdo dejan pendiente de aprobación el plan de salidas incentivadas (PSI) para trabajadores a partir de los 53 años, que se negocia en paralelo y que, de acuerdo a un hecho relevante de Telefónica enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tendrá un coste estimado de 1.600 millones de euros.  

Según informó EFE el viernes apoyándose en fuentes sindicales, tras la reunión, que duró hora y media, Telefónica había concretado que este PSI afectaría a 3.000 empleados y no a 4.200, el número de trabajadores que contemplaban los sindicatos.

Fuentes sindicales indican que tanto el PSI como el nuevo convenio se firmará antes de que termine septiembre

El problema radica en que los sindicatos pedían 13 años como requisito de antigüedad, el mismo que que se acordó en el anterior plan que impulsó Telefónica en 2016 y que concluyó con la salida de 6.500 empleados. Pero la empresa solicita ahora que que quienes podrían acogerse a este plan debían tener 15 años de antigüedad. 

Ante estas circunstancias, las mismas fuentes indican que se espera llegar a un acuerdo antes de que finalice el mes, por lo que las reuniones de esta semana serán cruciales. Se prevé que las conversaciones continúen y fructifiquen durante esta semana, si bien hasta el próximo lunes, día 30, se podrían apurar los plazos.

Telefónica y sus medidas anticrisis

El plan de salidas incentivadas, al igual que el convenio colectivo, se estaba negociando desde antes del verano, pero fue después de consejo de administración de septiembre cuando se aceleraron los planes de la compañía.

Telefónica, que vio cómo durante agosto su cotización alcanzaba niveles inéditos en 22 años, lanzó como mensaje de tranquilidad para el mercado varias medidas, entre ellas esta de ámbito laboral.

No obstante, la compañía de telecomunicaciones ha intensificado durante las semanas sus anuncios: la posibilidad de vender más torres móviles, la puesta a subasta de su portal financiero Invertia, un acuerdo con Prosegur y otro con Atresmedia, con quien producirá contenidos para terceros.

Todas estas medidas se alinean con el objetivo marcado por Álvarez-Pallete: reducir la deuda de la telco. Durante su mandato ha pasado la tijera por por la plantilla en otras ocasiones. Sumando el nuevo ajuste laboral, el número de trabajadores en España podría reducirse en más de 7.800 empleados desde que el nuevo presidente relevara de su cargo a César Alierta.

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