La CEOE aprovecha la negociación del SMI para pedir bonificaciones al Gobierno
Los empresarios exigen incentivos para la contratación de jóvenes, ayudas a los grandes agricultores, y revisar los contratos públicos para compensar la subida de salarios
La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), saluda al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EFE
El Gobierno planteó este miércoles a los agentes sociales una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 15 euros este año, y elevarlo en 31 euros tanto en el ejercicio 2021, como en 2022, de forma que se elevaría este año hasta los 965 euros mensuales, a 996 euros en 2022 y a 1.027 euros en 2023, cuando alcanzaría el objetivo del 60% del salario medio.
Estas cifras son «insuficientes» para los sindicatos, que reclaman que se eleve 25 euros ya este año, y rechazadas de pleno por la patronal, que se opone frontalmente a una nueva subida del SMI, aunque se abre a negociar los posibles alzas para 2022 y 2023, tal y como indicó el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, rechazando esta medida «populista» tras un año y medio «terrible» de crisis.
En el encuentro entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales la patronal comunicó su oposición a la subida este año, y la directora de Relaciones Laborales de CEOE, Rosa Santos, argumentó su rechazo al defender la necesidad de «priorizar la consolidación del empleo y la recuperación«, ya que pese a los «síntomas evidentes de recuperación» hay todavía 4 millones de desempleados, 226.000 autónomos en cese de actividad y 274.000 personas en ERTE.
Pero además de pedir «extrema prudencia» con la subida por su afectación principalmente a las microempresas, las empresas pequeñas y los autónomos con empleados, en un contexto también de falta de materias primas que afecta a todos los sectores, incrementando el coste de producción al no repercutirse en los precios, la patronal aprovechó la negociación para reclamar una serie de ayudas y medidas.
La organización reclama evitar incrementar todavía más los costes de producción, ya que considera va a dificultar la supervivencia de las empresas y con ello pone en peligro la consolidación del empleo, especialmente de los colectivos más vulnerables. Ante este temor y dando por hecho que subirá el SMI sin la concurrencia de CEOE para el tramo final del año, suspeticiones son las siguientes:
Incentivar la contratación de jóvenes
En un contexto de alto desempleo juvenil, CEOE ve imprescindible tener en cuenta a este colectivo en la determinación del SMI, con medidas de políticas activas a través de la Garantía Juvenil para incentivar la contratación de los jóvenes y que sea atractivo para el sector empresarial, especialmente para las pymes y las microempresas.
Agricultores: bonificar la conversión de temporales en fijos
Para el colectivo de la agricultura, sector en el que los convenios permanecen parados desde 2020 con la última subida, la patronal pide recuperar las bonificaciones para la conversión de trabajadores temporales en indefinidos que finalizaron en enero, mediante ayudas o bonificaciones del Estado para un colectivo formado sobre todo por jóvenes, inmigrantes y trabajadores no cualificados.
Repercutir en los contratos públicos la subida
Igualmente, la patronal ha reclamado al Gobierno, tal y como viene haciendo los últimos años, que las empresas adjudicatarias de contratos de las administraciones públicas puedan repercutir la subida del SMI en los precios de dichos contratos mediante una revisión de los mismos, ya que no pudieron hacer lo propio con las subidas históricas de los años 2019 y 2020.
En la patronal ven una “injusticia absoluta” el hecho de que no se regule para que haya una indexación, de forma que las empresas puedan repercutir ese mayor coste salarial por la subida del SMI en los precios de los contratos. Según CEOE, este perjuicio ha reducido en gran medida los márgenes de las empresas adjudicatarias y en muchos casos se ha incurrido en pérdidas.
Actualmente, conforme a la Ley de Desindexación, el aumento de costes salariales, incluidos los casos de un nuevo convenio colectivo, no supone una revisión de las contrataciones públicas, por lo que el alza del SMI acaba siendo absorbido por las empresas prestatarias de servicios a las administraciones públicas, que no sufren ese aumento de costes, ni siquiera en el caso de que se prorrogase la licitación.
Bonificar a familias con empleadas del hogar
Por último, la otra gran petición de los empresarios es el establecimiento de algún tipo de bonificación fiscal para las familias que contraten a empleadas del hogar con el fin de evitar sus despidos (o contratación irregular), ante la pérdida de afiliación de estas trabajadoras en los últimos años, según CEOE, vinculada al alza del SMI.
El Gobierno se ha mostrado receptivo a estudiar estas peticiones realizadas por CEOE, asumiendo que se subirá el SMI pese a su negativa. En cualquier caso, el Ejecutivo decidirá finalmente la subida definitiva del SMI para el tramo final del año en la reunión del próximo lunes con los agentes sociales.
La decisión es una prerrogativa unilateral del Gobierno, si bien Trabajo ha querido mantener la costumbre de consultar con los interlocutores sociales en aras de lograr un acuerdo.
