El Gobierno podrá vetar a los operadores en el tendido del 5G

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene intención de cerrar la puerta a Huawei

El Gobierno va perfilando, poco a poco, el mapa del tendido del 5G en España. El Ejecutivo de Pedro Sánchez dio a conocer este lunes el anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G, la norma legal que establecerá los requisitos de ciberseguridad específicos para el despliegue y la explotación de redes de la nueva tecnología.

Según narran fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la nueva legislación estará disponible a mediados del año que viene. En este anteproyecto de Ley, se pretende crear un marco jurisdiccional seguro para incentivar el despliegue y la inversión por parte de los principales operadores españoles en España. Aunque, el Gobierno tampoco quiere cerrar las puertas a ninguna empresa extranjera, incluida Huawei. 

A pesar de que las empresas de telecomunicaciones mantienen sus distancias con Huawei, como Telefónica o Vodafone, por el conflicto geopolítico de los gobiernos europeos con China, España considera a la marca tecnológica asiática como un “aliado”, tal y como la tildó Pedro Sánchez recientemente. 

Exclusión de tendido

En este sentido, el Gobierno pretende crear una lista -que será pública- de clasificación sobre el riesgo de los operadores que tenderán el 5G en España. Así, y si el Consejo de Ministros lo decide, se podrá excluir de unas tareas o de tendidos en determinadas regiones, dependiendo del riesgo de gestión de cada empresa.

Las exclusiones o vetos atenderán a dos tipos de análisis, según indican desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. El primero de ellos será de aspectos meramente técnicos y el segundo se dedicará a identificar riesgos adicionales como el modelo de la compañía o la capacidad de injerencia de un Gobierno extranjero en la empresa. Este punto resulta clave para volver a mencionar Huawei, puesto que son conocidos los tira y aflojas con diversos gobiernos de todo el mundo

Además, el Ejecutivo pedirá un estudio cada dos años a cada operadora y la propia administración deberá elaborar una, al menos, cada seis años de todas ellas. Fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales recalcan que la propuesta que ha redactado el Gobierno tiene un procedimiento “muy transparente, muy integral y muy abierto”, así como basado en datos, para que se vayan estableciendo los distintos pasos para crear estas categorías.

Otros instrumentos 

Además, anteproyecto incluye otros instrumentos destinados a abordar la ciberseguridad en las redes y servicios, tales como medidas de apoyo en materia de I+D para redes y servicios 5G y de impulso a la interoperabilidad y estandarización; requisitos para la puesta en el mercado de terminales y dispositivos de acceso a la red 5G;y facultades para imponer obligaciones y requisitos en la compra pública de redes y servicios que hagan uso de 5G. 

Fuentes del Gobierno señalan que esta ley podrá favorecer a que todos los agentes implicados en la extensión puedan trabajar de manera “más segura” en el ámbito del 5G.

Información con el resto de Europa

Como ya se subrayaba anteriormente, las operadoras tendrán obligación de realizar una buena gestión de los riesgos asociados y el propio Gobierno también tendrá como propósito hacer una radiografía del sector para evitar errores. 

Estos análisis, tanto el de las compañías interesadas en lanzar el 5G en España como los que haga el propio Gobierno de España, estará consensuada entre los Estados Miembros de la Unión Europea. 

Importancia del 5G

Desde el Gobierno se sigue insistiendo la importancia que tiene el 5G en nuestro país, y es una “de las prioridades identificadas como palanca de recuperación tanto en el Mecanismo de Recuperación europeo (Next Generation EU) como en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española”.

Cabe recordar que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez tiene pensado destinar un 33% de sus fondos a la digitalización. El despliegue de la tecnología 5G constituye, asimismo, uno de los diez ejes principales de la agenda España Digital 2025, presentada el pasado 23 de julio. 

La hoja de ruta del gobierno se recoge en la Estrategia de Impulso del 5G, adoptada por el Consejo de Ministros de 1 de diciembre, que prevé una inversión pública de 300 millones de euros en 2021 (recogida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado actualmente en tramitación parlamentaria) e incluye la Ley de Ciberseguridad como una de las medidas que favorecerá el impulso de infraestructuras 5G en España. 

Una gran inversión

Con todo, las operadoras ya se preparan para el gran desembolso que tendrán que realizar para el despliegue de la nueva tecnología móvil.

Recientemente, el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, calculó que el sector tendrá que invertir más de 6.000 millones de euros, solo en infraestructura. En este sentido, el ejecutivo de la teleco española pidió al Gobierno que se evite el posible afán recaudatorio en las subastas de espectro para el móvil 5G, advirtiendo del riesgo de un impacto en las inversiones en las redes de esta tecnología.