El Gobierno se arriesga a una batalla judicial por los cambios sobre el trasvase Tajo-Segura

Regantes del Tajo-Segura avisan de que los cambios previstos por el Gobierno ponen en peligro 106.000 empleos en Alicante, Murcia y Almería

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. EFE/Mariscal

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. EFE/Mariscal

El próximo 31 de marzo el Consejo Nacional del Agua, convocado por el Ministerio de Transición Ecológica, votará el informe con las propuestas de cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, vigentes desde el año 2014. Estos cambios no han gustado a los regantes, que auguran una nueva batalla judicial al Gobierno si al final ven la luz. 

Así lo señala a Economía Digital el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, que alerta de que el previsible incremento de los caudales ecológicos de la nueva planificación hidrológica del Tajo propuesta por el Gobierno ponen en peligro la continuidad del trasvase hacia el levante. 

En concreto, calcula que si se acometen esos cambios peligrarían del orden de 106.000 puestos de trabajo en Alicante, Murcia y Almería y la continuidad de un sector que aporta al PIB nacional 3.000 millones de euros, algo más de tres puntos del producto nacional. 

Por ello, Jiménez da “por descontado” un nuevo periplo de litigios contra el Gobierno si salen adelante las propuestas, que tendrán que contar con el visto bueno de la UE. De hecho, el Ejecutivo tendrá que comunicar sus planes de cuenta de todos los ríos ante Bruselas.

Los cambios de reglas de Ribera 

Los cambios que propone Teresa Ribera pasan por la modificación de las reglas de explotación con la consiguiente reducción de aportaciones, que se votará la próxima semana, y más adelante el aumento de los caudales ecológicos del Tajo en el Plan Hidrológico de Cuenta, previsto para consulta en abril. 

Un informe técnico del sindicado sobre las consecuencias del aumento en varios metros cúbicos por segundo de caudales del Tajo a su paso por Aranjuez,  Toledo y Talavera de la Reina. los desembalses desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía para mejorar el caudal mínimo del río restarían decenas de hectómetros cúbicos  hacia la cuenca del Segura. 

Esto supondrían un descenso del 21% del agua destinada al riego y un 18% menos de agua para consumo urbano de la zona más seca de España, según sus cálculos. Jiménez denuncia que los regantes deberán seguir pagando  el mismo peaje por el uso del trasvase aunque llegue menos agua, además de compensar la caída de los caudales del Tajo con agua desalada, de “mucha peor calidad y mucho más cara”. 

Para solucionar el ‘conflicto del agua’ reclama a los municipios ribereños al Tajo, especialmente a Aranjuez, y a las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha que acometan un plan de depuración como el realizado en Murcia hace dos décadas, lo que permitiría, según sus cálculos, destinar a caudales ecológicos hasta 500 hectómetros anuales de aguas depuradas. 

El trasvase en cifras

Tras más de 40 años de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, esta infraestructura hidráulica ha generado una agricultura en las provincias de Murcia, Alicante y Almería, que provee el 71% las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de las frutas, con importantes exportaciones al resto de Europa. 

España produce el 13% de la producción agrícola de la Unión Europea, una cifra que está muy por encima de su peso en el conjunto de la economía. La producción agrícola de la zona del trasvase, el 80% exportada a la UE, aporta casi 1.548 millones de euros de PIB, cifra que equivale al 2,4% del PIB agregado de las provincias de Alicante y Murcia.