La fundación que carga contra Indra y Escribano denuncia el fichaje del marido de Ribera en CNMV

La Fundación Hay Derecho presenta demanda ante la Audiencia Nacional por el nombramiento de Mariano Bacigalupo, marido de Teresa Ribera, como vocal del consejo de la CNMV

Archivo – Edificio sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Madrid

La Fundación Hay Derecho, la misma que a principios de este mes envió una carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtiendo sobre la fusión planteada entre Indra y la empresa de su presidente, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), ha presentado demanda ante la Audiencia Nacional por el nombramiento de Mariano Bacigalupo, marido de la exministra Teresa Ribera, como vocal del consejo del mismo organismo presidido por Carlos San Basilio.

La fundación, integrada por especialistas en Derecho y apoyada, según su web, por «cerca de 3.000 ciudadanos», ha presentado la demanda en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden ETD/883/2022, de 13 de septiembre, que nombró a Mariano Bacigalupo como vocal de la CNMV.

La demanda, informa Hay Derecho en un comunicado, se ha formalizado después de que el Tribunal Supremo reconociera la legitimación activa de la Fundación, «revocando la decisión inicial de la Audiencia Nacional que la había denegado, por lo que la Audiencia Nacional está obligada a entrar en el fondo del asunto«.

Teresa Ribera
Teresa Ribera / Imagen: PSOE

Bacigalupo fue nombrado vocal del consejo de la CNMV en septiembre de 2022, cuando le quedaba un año de mandato en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde ocupaba el puesto de consejero de la sala de supervisión del organismo presidido en la actualidad por Cani Fernández.

El marido de la exvicepresidenta tercera del Gobierno y actual vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europa, llevaba en la CNMC desde 2017, a propuesta del PSOE.

La Ley del Mercado de Valores exige que los consejeros electivos de la CNMV sean personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores, advierte la Fundación Hay Derecho. «Sin embargo, el currículo de Bacigalupo no acredita experiencia ni formación en este ámbito», denuncia.

«Para ser consejero se necesita ser un experto reconocido en el ámbito del mercado de valores, y el señor Bacigalupo no solo no tiene en su currículum nada que avale eso, sino que viene de ser consejero de la CNMC, un organismo regulador diferente con funciones muy distintas», sostiene Elisa de la Nuez, secretaria de la fundación.

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio.

La fundación considera que el nombramiento de Bacigalupo en la CNMV «ilustra un patrón recurrente en el sector público, tanto estatal como autonómico: la falta de mérito y capacidad en los nombramientos públicos. La diferencia radica en que, en este caso, sí existen requisitos legales concretos que no se han respetado».

La demanda expone que el «expediente administrativo del nombramiento está vacío de contenido sustantivo» y que no incluye ningún tipo de información, «ni siquiera el currículum del candidato, lo que refuerza la ausencia de motivación y el carácter arbitrario del acto».

La fundación, que logró la anulación por parte del Tribunal Supremo del nombramiento de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado, subraya que estas designaciones, cuando se realizan al margen de la ley, «erosionan la independencia de los organismos reguladores y dañan la confianza en las instituciones».

A principios de este mes Hay Derecho envió una carta a la CNMV advirtiendo sobre la fusión planteada entre Indra y EM&E, afirmando que el precio de la operación «resultaría difícilmente justificable a la luz de operaciones anteriores y de su dependencia de contratos públicos».

También indicó que la compra podría suponer una acción concertada entre accionistas (los hermanos Ángel y Javier Escribano, con el 14%; la Sepi, primer accionista con cerca del 29% de Indra; y el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, con el 7%), que superarían el 30% del grupo español estando obligados en ese caso a lanzar una opa por el 100%.

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