El Gobierno aumentará en más de un 11% las pensiones mínimas y no contributivas en 2026
La revalorización prevista refuerza las prestaciones más bajas y acelera la convergencia con el umbral de pobreza en el tramo final de la reforma de pensiones
Pensión de viudedad
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Las pensiones mínimas y no contributivas afrontan 2026 con una subida histórica, muy por encima de la revalorización prevista para el resto de prestaciones contributivas. Mientras que estas últimas crecerán un 2,7%, tal y como ya ha confirmado la Seguridad Social, los perceptores de pensiones más bajas verán incrementos que superan ampliamente el 7% y alcanzan incluso más del 11% en determinados supuestos, según las estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
Este aumento responde a una estrategia legal ya definida, incluida en la reforma de las pensiones aprobada en 2023, cuyo objetivo es reforzar la suficiencia de las prestaciones mínimas y reducir de forma progresiva la brecha con el umbral de pobreza. Aunque el Gobierno aún debe concretar estas subidas mediante un real decreto ley, el marco normativo vigente permite anticipar con bastante precisión el alcance de la revalorización prevista para el próximo ejercicio.
El foco de la medida está puesto en los colectivos más vulnerables, especialmente pensionistas con cargas familiares, perceptores de viudedad con responsabilidades económicas y personas que dependen de pensiones no contributivas. Para todos ellos, 2026 será un año clave dentro del periodo transitorio que culminará en 2027 con la plena equiparación de las pensiones mínimas al umbral de pobreza relativo.
La reforma de 2023 y la senda hacia el umbral de pobreza
La ley de reforma del sistema de pensiones establece un calendario claro de convergencia, que obliga a aplicar subidas adicionales a las pensiones mínimas hasta alcanzar niveles considerados suficientes desde el punto de vista social. En concreto, fija que a partir de 2027 la pensión mínima de jubilación contributiva para mayores de 65 años con cónyuge a cargo no podrá situarse por debajo del umbral de pobreza correspondiente a un hogar de dos adultos.
Para llegar a ese objetivo, el legislador diseñó un periodo transitorio, en el que las revalorizaciones anuales no solo tienen en cuenta la inflación, sino también la necesidad de cerrar progresivamente la brecha con ese indicador de suficiencia. En 2026, esa brecha deberá reducirse al 50%, mientras que en 2027 la reducción será total, alcanzando el 100%.
Este enfoque supone un cambio estructural en la política de pensiones, ya que introduce criterios sociales adicionales a la mera actualización por precios. Así, las pensiones mínimas pasan a desempeñar un papel más activo como herramienta de lucha contra la pobreza, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento del coste de la vida.
Cuánto subirán las pensiones mínimas en 2026
Las estimaciones del Ivie apuntan a incrementos muy relevantes, con diferencias claras en función de la situación familiar del pensionista. En el caso de las pensiones mínimas sin cargas familiares, la revalorización prevista sería del 7,07%, mientras que para aquellas con cónyuge o familiares a cargo el aumento alcanzaría el 11,43%.
Esto se traducirá en un aumento significativo de las cuantías mensuales, especialmente en los casos más sensibles desde el punto de vista social. La pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, así como determinadas pensiones de incapacidad absoluta o total y viudedad con cargas familiares, pasará a situarse en torno a 1.256,5 euros mensuales, frente a los algo más de 1.127 euros actuales.
En otros supuestos, como la jubilación a partir de los 65 años sin cónyuge, o la viudedad sin cargas familiares, la pensión mínima alcanzará aproximadamente 936 euros al mes, frente a los 874 euros de 2025. Para quienes tengan cónyuge no a cargo, la cuantía mínima se elevará hasta unos 888 euros mensuales, consolidando así una mejora generalizada de las rentas más bajas del sistema contributivo.
Las pensiones no contributivas también darán un salto relevante
Las pensiones no contributivas seguirán una lógica similar, aunque con un indicador de suficiencia distinto. En su caso, la referencia no es el 100% del umbral de pobreza, sino el 75%, lo que también implica subidas muy por encima de la inflación prevista.
Para 2026, la revalorización estimada de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez será del 11,34%, un incremento que supone uno de los mayores aumentos anuales registrados en este tipo de prestaciones. En términos prácticos, la cuantía mensual pasará de unos 565 euros a cerca de 629 euros, es decir, alrededor de 64 euros más al mes.
Este aumento tiene un impacto directo en miles de hogares, ya que las pensiones no contributivas están destinadas a personas con escasos recursos y trayectorias laborales insuficientes para acceder a una pensión contributiva. Para estos beneficiarios, cada incremento tiene un efecto inmediato sobre su capacidad para afrontar gastos básicos como alimentación, vivienda o suministros.
Un sistema más sensible a la desigualdad y al coste de la vida
La subida prevista para 2026 refuerza el giro social del sistema de pensiones español, alineándolo con los compromisos adquiridos en materia de cohesión social y reducción de la pobreza. Al priorizar las pensiones mínimas y no contributivas, el sistema busca corregir desigualdades acumuladas y proteger a quienes tienen menor margen para absorber el impacto de la inflación.
Además, esta política introduce mayor previsibilidad, ya que la senda de incrementos está definida por ley y no depende exclusivamente de decisiones coyunturales. Esto permite a los pensionistas planificar con mayor seguridad sus ingresos futuros y refuerza la confianza en el sistema público.
De cara a 2027, todo apunta a que el esfuerzo continuará, culminando el proceso de convergencia con el umbral de pobreza y consolidando un modelo en el que las pensiones mínimas actúan como un verdadero colchón social. Para millones de personas mayores, 2026 marcará así un paso decisivo hacia una mayor estabilidad económica y una protección más sólida frente a la vulnerabilidad.
