El Gobierno retrasa la anunciada subida del SMI a más de 1,5 millones de trabajadores

El Gobierno mantiene su objetivo de aprobar la reforma laboral antes del 31 de diciembre pese a la petición de más plazo de CEOE, por lo que prioriza la reforma y baraja aprobar la subida del SMI ya comenzado 2022 con carácter retroactivo

Yolanda Díaz y la presidenta de la comisión de expertos para analizar el SMI, Inmaculada Cebrián.

Yolanda Díaz y la presidenta de la comisión de expertos para analizar el SMI, Inmaculada Cebrián.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2022 está llamada a ser la primera contienda en el diálogo social y en el seno del Ejecutivo el próximo año, ya que el Ejecutivo da casi por seguro el retraso del alza del SMI que beneficiaría de nuevo a 1,5 millones de trabajadores en España con menor nivel retributivo. Se congelará por tanto en el Consejo de Ministros del próximo 28 de diciembre el SMI actual de 965 euros en 14 pagas hasta que se acuerde el nuevo alza con los agentes sociales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se anotó su primer éxito en el Gobierno en enero de 2020 con el acuerdo para elevar el SMI a 950 euros, al que le sucedió otro acuerdo bipartito con los sindicatos para un nuevo alza, pero un año y siete nueve meses más tarde todavía no ha llegado, tras una batalla interna en el Ejecutivo, principalmente por el rechazo de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ante la crisis por la pandemia.

Fue el pasado 16 de septiembre cuando el Ejecutivo anunció un acuerdo con los sindicatos (CCOO y UGT), pese al rechazo de la patronal, para una nueva subida del SMI de 15 euros este año con efecto retroactivo desde el pasado 1 de septiembre, de forma que el SMI se ha elevado en los últimos cuatro meses del año desde los 950 euros actuales hasta los 965 euros mensuales en 14 pagas.

Aunque el departamento de Yolanda Díaz ha persistido en su intención de tratar de negociar el nuevo incremento del SMI antes de que finalice el año para su entrada en vigor el 1 de enero, fuentes gubernamentales señalan a Economía Digital que prácticamente se descarta esa posibilidad ante la presión de los plazos de la reforma laboral. En CEOE, de hecho, piden postergar ese ‘melón’ y los sindicatos, que reclamaban acordarlo ya, asumen ya que se tendrá que aplazar ante las exigencias.

El plazo para la reforma laboral fuerza su retraso

Y es que el Gobierno sigue decidido a tratar de lograr un acuerdo tripartito (con patronal y sindicatos) sobre la reforma laboral antes del 31 de diciembre, en línea con el plazo fijado en el Plan de Recuperación y, por tanto, comprometido con Bruselas, a pesar de que la Comisión Europea ha dado margen al Ejecutivo al señalar que la fecha es «indicativa».

En una semana decisiva para tratar de cerrar un acuerdo, que supondrá una derogación parcial de la reforma laboral de 2012 del PP, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)Antonio Garamendi, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aplazar la reforma laboral, prevista de aprobación por el Gobierno ‘in extremis’ para el 28 de diciembre, en caso que no esté cerrado el acuerdo para esa fecha.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo confirman a Economía Digital que pese a esa petición de la patronal se continúa con el objetivo del 31 de diciembre, y aunque no confirman el retraso de la subida del SMI, sí admiten que la reforma es «lo inmediato». En este sentido, recuerdan que la aprobación del Salario Mínimo tiene la posibilidad de retroactiva, como ha sucedido en ocasiones anteriores, sin ir más lejos el pasado mes de septiembre con el último incremento.

Al ser la reforma del mercado de trabajo y el alza del SMI dos cuestiones sensibles en el marco del diálogo social y de cara a la opinión publica, en Moncloa ven mejor no hacer coincidir estas dos trascendentales decisiones para no enturbiar las negociaciones de la reforma laboral y evitar posibles tensiones en el seno del Ejecutivo y con los a gentes sociales, en concreto con los empresarios, ya molestos por algunas decisiones como el alza de cotizaciones.

El Gobierno ha ido relajando sus planteamientos de los últimos meses, sobre todo en lo referido a la temporalidad, el principal escollo en la negociación, y ha logrado ya lo que podría denominarse como un acuerdo de mínimos, que empezará a plasmar desde este lunes con la redacción del texto legislativo a falta de cerrar aún varios puntos en materia de negociación colectiva y contratación.

Aunque desde el pasado 17 de marzo el Gobierno mantenía reuniones semanales con los agentes sociales, ante la proximidad del plazo temporal fijado desde mediados de noviembre duplicó las reuniones (martes y viernes) y en las últimas dos semanas las triplicó (martes, miércoles y viernes) y esta semana está convocando a diario.

La idea del Gobierno pasa por redactar ya desde la semana que viene el real-decreto ley de la reforma que aprobará en el Consejo de Ministros, con alta probabilidad de que vea la luz el último del año del 28 de diciembre, apenas unos días después de la aprobación definitiva de los Presupuestos de 2022 en el Senado, y que la reforma sea presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la tradicional comparecencia de balance del año.

Así, se publicaría en el BOE antes de que acabe el año, previsiblemente el 31 de diciembre, para su entrada en vigor ya el 1 de enero, siendo unos pasos suficientes para que Bruselas valide el hito comprometido en el Plan de Recuperación, al margen de que en enero se tramite en el Parlamento como proyecto de ley.

Los trabajadores que perciben SMI pierden poder adquisitivo

Con todo, los 1,5 millones de trabajadores que aproximadamente el Ministerio de Trabajo calcula que perciben en la actualidad el Salario Mínimo Interprofesional, una cifra que CCAA aproxima hasta los dos millones al incluir también los empleados que trabajan a tiempo parcial, están sufriendo actualmente una pérdida de poder adquisitivo por la presión inflacionista.

Y es que la escalada sin freno de la inflación por el incesante encarecimiento de la electricidad y los carburantes está afectando de lleno en los bolsillos del colectivo de trabajadores de menor rango salarial, al haber perdido alrededor de 215 euros en lo que va de año ante una inflación que de media anual cerrará el ejercicio en torno al 3%.

La pérdida de poder adquisitivo se extiende a los trabajadores con salarios pactados en convenio, ya que éstos subieron de media un 1,49% hasta noviembre, alejándose del IPC, que alcanzó una tasa del 5,5% en el undécimo mes del año, la mayor desde septiembre de 1992.

Precisamente el pasado jueves los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, se concentraron a las puertas de la CEOE para exigir el desbloqueo de la negociación colectiva y que la patronal se siente a negociar el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC), caducado desde 2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral. Los sindicatos reclaman subidas salariales y mejora de condiciones o amenazan con un invierno de «infierno».

CEOE se abre a negociar y los sindicatos exigen 1.000 euros en 2022

En medio de las negociaciones de la reforma laboral, CEOE se abrió el jueves a negociar y acordar una senda de subida del SMI a largo plazo pero ha estipulado ya sus condiciones. El presidente de ATA y vicepresidenta de CEOE, Lorenzo Amor, fijó que debe tratarse de un planteamiento a largo plazo.

Eso sí, siempre y cuando se tengan en cuenta las circunstancias actuales de las empresas y los autónomos y el Gobierno y los sindicatos contemplen las circunstancias de “incrementos de costes brutales”. En este paso, también mostró la preferencia y petición patronal de ir «paso a paso», de forma que antes de que se empiece a abordar la negociación del SMI se cierre primero la reforma laboral, ya sea con o sin acuerdo.

El tanto que se anotó Yolanda Díaz este año con el incremento del SMI se produjo después de que diese a conocer el informe del comité de expertos designado por el Ministerio de Trabajo para establecer una senda de subida con el fin de lograr un SMI que represente el 60% del salario medio al final de la legislatura, en 2023.

El acuerdo de septiembre con los sindicatos para el último alza de 15 euros, subrayan a Economía Digital en fuentes sindicales, supuso una cesión por parte de los sindicatos, ya que reclamaban inicialmente un incremento de entre 25 y 30 euros, ante el repunte de los precios y el encarecimiento de la luz.

Precisamente estos son ahora los argumentos potenciados, ante la intensificación del aumento de los precios, que ha alcanzado el 5,5% en noviembre, que recuperan los sindicatos para demandar que suba el SMI a 1.000 euros con efectos desde el 1 de enero de 2022 y a los 1.050 euros en 2023, con un alza de 35 y 50 euros, respectivamente, frente a los 31 que se barajaban inicialmente.

Desde el Gobierno por ahora solo mantienen el objetivo de elevar el SMI hasta el 60% del salario medio esta legislatura, en línea con la recomendación de la Carta Social, y apuntan que se seguirá la senda marcada por la comisión de expertos, lo que deja entrever un alza de entre 25 y 35 euros, por lo que el Salario Mínimo podría subir a en torno los 990 euros o cerca de los 1.000 euros en 2022.

La comisión de expertos del Ministerio de Trabajo propuso a mediados de junio un alza de entre 12 y 19 euros este año y determinó que para conseguir el objetivo del 60% del salario medio neto en el año 2023 partiendo del SMI entonces vigente, de 950 euros al mes en 14 pagashabría que subirlo entre un 6,4% y un 10,4%, lo que supone un alza de entre 61 euros y 99 euros en el periodo.

Esto llevaría a elevar el Salario Mínimo en España a una horquilla de entre 1.011 euros y 1.049 euros como máximo en el ejercicio 2023, el equivalente al 60% del salario medio, y para conseguir este objetivo la comisión de expertos fijó una senda de convergencia.