Lo que esconde el boom del empleo público: frenazo de la contratación privada desde julio

Nueve de cada diez empleos públicos creados en 2023 se firmaron a final de año, mientras que en el sector privado el grueso de la contratación se produjo en el primer semestre

Una trabajadora en una pastelería de Santander. EFE/ Román G. Aguilera

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La creación de empleo fue de menos a más en 2023: a pesar de que en el conjunto del año se sumaron 783.000 nuevos ocupados al mercado laboral (un 3,83%), de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), el grueso de la contratación se produjo en la primera mitad del ejercicio. Al menos si tenemos en cuenta el sector privado, ya que en el público el comportamiento fue diferente.

Y tan diferente. Nueve de cada diez nuevos empleos públicos en 2023 se crearon en el último trimestre del año, coincidiendo temporalmente con la conformación de un nuevo Ejecutivo, que tuvo lugar a mediados de noviembre. En concreto, según los datos recogidos por el INE, de los 61.700 nuevos trabajadores del sector público -que se ha situado en cifras récord, cerca de los 3,6 millones-, 58.600 se sumaron en cuarto trimestre, muy por encima de la media prepandemia (13.200 más).

Los datos de la EPA son consistentes con otro de los registros para analizar el dinamismo del mercado laboral en nuestro país: el de la afiliación a la Seguridad Social. Utilizándolo como referencia, el pasado año se crearon medio millón de puestos de trabajo. El grueso del avance del empleo se produjo también en la primera mitad del año.

Un empleo a dos velocidades

Entre el cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023 se produjo un retroceso en el empleo privado de unos 9.000 ocupados, cifras consistentes con un primer trimestre sin Semana Santa, una variable estacional que afecta mucho al comportamiento de la estadística -este año, por ejemplo, el periodo vacacional tiene lugar a finales de marzo, lo que puede influir de manera positiva sobre el empleo-. Pero la diferencia entre el primer trimestre y el segundo fue de más de 600.000 puestos de trabajo, que se extendió a los 800.000 en el tercer trimestre, verano incluido.

En su valoración de los datos de este trimestre, Randstad apunta que el comportamiento negativo en la ocupación se ha producido por «factores cíclicos», aunque sin un grave efecto de la desaceleración económica -«con síntomas de agravamiento en la primera mitad de 2024»-. Entre el tercer trimestre y el cuarto el empleo privado se ha dejado 77.500 trabajadores. En total, el sector aportó 715.900 nuevos trabajadores el año pasado.

La calidad del empleo es otro factor a tener en cuenta, sobre todo con una de las variables con las que pretendió acabar la reforma laboral del Gobierno de coalición: la temporalidad. El Ejecutivo ha valorado que la última EPA coloca la cifra en el 13,2%, valores europeos, pero esta es la del sector privado. La general se sitúa en el 16,5%, pero la del sector público casi la duplica: es del 29,5%. «Los asalariados con contrato indefinido aumentan en el trimestre en 68.300, por debajo de la extraordinaria cifra del cuarto trimestre de 2022 (366.000); en el último año el incremento asciende a 804.300, mientras que los temporales se reducen en 152.500 en el trimestre y 140.300 en el último año», detalla Caixabank Research en su análisis de la estadística.

¿Son buenos los datos publicados este viernes? El consenso parece asumir que son mejores de lo esperados, sobre todo al inicio del año pasado, pero manda la cautela, ante los riesgos de desaceleración económica y pérdida de productividad que anuncian las proyecciones para 2024. La CEOE apunta que este factor junto a la «incertidumbre que generan medidas que perjudican los costes empresariales y la productividad y que afectan negativamente al mercado laboral» influirán de manera inmediata en la creación de empleo.

El análisis para los sindicatos es diferente: «El año 2024 debe certificar el cambio de rumbo instaurado tras la reforma laboral y consolidar un cambio en el mercado laboral que persista en la creación del empleo de calidad«, destaca UGT, que plantea la necesidad de alcanzar la jornada laboral de 32 horas para la correcta redistribución de la productividad.

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