Nuevas políticas activas de empleo: 3.500 millones con condiciones a CCAA y evaluadas por AIReF

Incluye un portal único de empleo, 3.000 orientadores más, formación a trabajadores en ERTE y un plan de 800 millones para empleo juvenil

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo / EFE

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo / EFE

El Ministerio de Trabajo destinará más de 3.500 millones de euros al rediseño y modernización de las políticas activas de empleo, que instaurará un nuevo modelo por el que el reparto de fondos a las comunidades autónomas está condicionado al cumplimiento de objetivos, se focalizará en el empleo juvenil, se contratarán 3.000 orientadores más y se creará un portal único de empleo. 

Así lo han detallado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante la presentación de la propuesta para la Conferencia Sectorial en materia de políticas activas de empleo, que se celebrará el próximo 28 de abril. 

De la cuantía total prevista, 2.110 millones se distribuirán a las comunidades autónomas, 1.100 millones están vinculados al marco de los fondos europeos (de ellos 668 millones irán a parar a las CCAA)  y otros 258 millones del Plan de Fomento del Empleo Agrario (Profea, antiguo PER). A esto se suman los 175 millones para la modernización y digitalización del SEPE y distintos planes de empleo sectoriales, lo que podría acercar la cuantía total para el nuevo modelo de políticas activas de empleo a los 4.000 millones de euros, ha precisado Pérez Rey. 

Díaz ha explicado que se trata de “transformar las políticas activas de empleo” para convertirlas y ser “útiles” para el mercado de trabajo, erradicando el sesgo de los últimos 40 años en los que estaban más centradas en las políticas pasivas, en la actuación del desempleo, y ahora pasarán a ser “aliadas” de las empresas. 

La titular de Trabajo ha hablado de “déficit” en la actuación personalizada y el diagnóstico de perfiles de cada uno de los trabajadores, lo que conduce a que los datos de inserción “no son positivos ni en la red pública ni en la privada”, según ha admitido.

Fondos a CCAA condicionados en un 45% a resultados 

Entre las principales novedades Díaz ha explicado que el reparto de los fondos a las regiones estará condicionado al cumplimiento de una serie de objetivos y resultados, de forma que habrá “bonus positivos y negativos” y “cambia radicalmente el modelo”. 

En este sentido, ha indicado que hay “ejemplos” de CCAA que han desplegado buenas políticas de empleo y “otras que no”, por lo que se van a condicionar los recursos a resultados y hará una “evaluación permanente”, tanto a las regiones como al propio Ministerio de Trabajo de la que se encargará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

De esta forma, la AIREF evaluará desde este ejercicio el gasto público en programas de ocupación, formación e incentivos a la contratación para determinar la eficacia, es decir, qué está funcionando y qué no. La intención de Díaz es que el 45% de la financiación a las CCAA en esta materia esté condicionada a los resultados en el despliegue y ejecución de las políticas activas.

Al respecto, Pérez Rey ha indicado que “el problema de cómo se han llevado las políticas activas hasta aquí ha sido la incapacidad de hacer esa auditoria previa” y ha asegurado que en Trabajo se han encontrado “enormes dificultades durante estos meses”, 

Pérez Rey ha subrayado que habrá una “trazabilidad permanente” de los fondos para poder corregir errores, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, y Díez, ha destacado el carácter orientativo y de evaluación permanente, que pasarán a se “personalizadas y adaptadas a los trabajadores” con perfilados estadísticos e inteligencia artificial para abordar el origen del diagnóstico y la orientación durante toda la vida laboral.

El nuevo diseño de las PAE también contempla una nueva a gobernanza, con la incorporación a las administraciones más cercanas, la administración local, de manera “muy pautada, concreta y estudiando el modelo o productivo y potencialidades de cada ciudad, comarca o autonomía”. “Van a estar muy pegadas al terreno”, ha desvelado. 

Plan de 800 millones a empleo juvenil y prioridad de afectados por ERTE en formación 

En el marzo de los 2.110 millones aprobados por el Consejo de Ministros y que deberán ratificar las CCAA en la Conferencia Sectorial de Empleo del día 28 de este mes, 600 millones se distribuirán entre las CCAA para combatir el desempleo juvenil, si bien la cifra se elevará a los 800 millones junto a otras inversiones y planes. 

Los objetivos de estas partidas adicionales serán dar un impulso a la formación y la recualificación de los trabajadores en ERTE, así como a combatir el desempleo juvenil y a promover la contratación formativa para propiciar que los estudiantes en formación se inserten en los centros de trabajo. También se financiarán iniciativas de primeras experiencias profesionales para los jóvenefs.

Para ello, se impulsarán programas como Tándem e Investigo, en colaboración con el Ministerio dE ciencia, con el fin de estimular las vocaciones investigadoras del país y la formación superior de carácter científico que impulse el cambio de modelo productivo, ha apuntado Pérez Rey. 

Además, Pérez Rey ha indicado que las personas trabajadoras en ERTE serán objetivo prioritario del impulso formativo, para aprovechar el tiempo bajo ese mecanismo para la “capacitación profesional, gobernar las transiciones, liberar tiempo formativo, y avanzar en competencias digitales”. 

Por su parte, la vicepresidenta tercera también ha recordado la necesidad de “mejorar y redefinir los contratos formativos” y “premiar positivamente su uso”, al tiempo que Pérz Rey ha subrayado la necesidad de adaptar al marco formativo las nuevas políticas activas de empleo y ha avanzado que se aprobarán una serie de indicadores para realizar una monitorización para ver si están funcionando cada 6, 8 o 12 meses.

Según han indicado, un millón de trabajadores del total de 3,6 millones de personas que en el peor momento de la crisis estuvieron acogidas a un ERTE ha recibido algún tipo de formación, principalmente con el programa ‘Digitalízate’ que previsiblemente se volverá a prolongar,

3.000 orientadores más

De los 800 millones, 260 irán destinado al Profea y 82 millones a reforzar la red de orientadores que acompañarán a la inserción en el empleo de desempleados jóvenes y mujeres, en los que se pondrá el foco. Actualmente esta red está formada por unos 4.000 trabajadores y se ha marcado el objetivo de ampliar en 3.000 más a financiar mediante los recursos distribuidos en las Conferencia Sectorial a las CCAA.

La ministra ha subrayado que los orientadores han de salir de la precariedad, para lo que se destinarán 82 millones para financiar esta red de profesionales orientadores y se trabajará junto a los ministerios implicados para que puedan integrarse en las plantillas de los servicios públicos de empleo y “dejen de estar sometidos a condiciones de precariedad”. 

Una parte importante se concentrará en los centros especiales de empleo que ocupen a trabajadores con discapacidad severa, para lo que se publicará una orden ministerial que compense la parte del salario y fomente la integración de estas personas. 

Portal único de empleo y servicios en el móvil

En este proceso de modernización también está previsto conseguir la constitución de un portal único de empleo y que los servicios de empleo puedan llegar a los dispositivos móviles a nivel de orientación y de todos los recursos online que se puedan distribuir desde el SEPE.

La inversión se concentrará en sectores “clave” como los jóvenes y las mujeres, a los que se destinarán tutores de manera concreta.

Revisión de bonificaciones  

Por otra parte, la ministra ha confirmado que se revisarán las bonificaciones al ser uno de los compromisos adquiridos con Europa y teniendo en cuenta que “buena parte son un peso muerto y no consiguen estimular la contratación”.  

“No pueden servir para estimular la temporalidad y la precariedad”, ha apostillado Díaz, quien ha indicado que se valorará su eficacia para valorar si encuadran mejor en el marco de las políticas activas de empleo.