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Los sindicatos de las administraciones públicas, CSIF, UGT y CCOO, han exigido por carta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una reunión urgente para evitar un mayor colapso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y soluciones ante la falta de efectivos y la elevada carga de trabajo que podría provocar un colapso.

Las organizaciones sindicales exigen a Díaz que ofrezca a la plantilla «soluciones inmediatas a la carencia de efectivos», e implementar recursos tecnológicos que les permita una mayor agilidad para gestionar la actual carga de trabajo además del incremento que se va a producir con motivo de la ampliación de los ERTE.

En una carta conjunta, los representantes de los trabajadores advierten que de no tomarse las medidas podría producirse un “escenario manifiestamente incómodo” para los usuarios del SEPE, ante las altísimas cargas de trabajo generadas en la crisis, que cuadruplican las existentes a 30 de junio de 2019.

El SEPE cesará otros 1.000 interinos antes de final de año

A ello se añade, según señalan en la misiva, la descapitalización de efectivos en estos últimos años y el alarmante número de jubilaciones que se están produciendo entre la plantilla ante la incertidumbre de la reforma de las pensiones y la alta edad media de la misma.

A ello se suma la obsolescencia de las aplicaciones y sistemas informáticos del SEPE que se han puesto en evidencia a lo largo de este último año y medio, «influyen negativamente en la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía».

En concreto, la pérdida de más de 3.400 efectivos estructurales en los últimos diez años, sumado al cese inapelable de los 1.500 funcionarios interinos incorporados por la pandemia (500 ya han sido cesados en junio, a final de este mes de septiembre saldrán otros 500, y a finales de diciembre se despedirá a los 500 restantes), incrementará aún más si cabe la presión a la que está sometida el conjunto de la plantilla.

Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan a Economía Digital que el departamento había solicitado la petición de renovación total de los 1.500 empleados interinos, al considerar que los interinos han hecho una labor “extraordinaria” durante el último año en el SEPE especialmente ante la elevada carga de trabajo asumida por la avalancha de los ERTE.

«Las cargas de trabajo van a continuar en unos ratios muy elevados«, avisan los sindicatos, lo que creen que hace vislumbrar un «panorama desolador para la plantilla del SEPE,» que ha estado en la primera línea de esta emergencia social desde el primer minuto, sin dar ni un solo paso atrás.

A lo largo de 2020, y según datos de la propia Dirección General del Organismo, el SEPE ha prestado atención a más de 8,5 millones de personas desempleadas, gestionando para ello 36.000 millones de euros, con una plantilla que no superaba los 8.000 trabajadores.

«Los efectos de la crisis en el mercado de trabajo han sido innegables y la contratación fija/indefinida sigue mostrando una debilidad manifiesta frente a la contratación temporal«, sostienen en la carta, lo que obliga una «altísima rotación del mercado laboral».

Se produce por tanto el paso de cientos de miles de trabajadores por las oficinas del SEPE para la reanudación de prestaciones, altas iniciales o subsidios por haber cotizado menos de un año. A estas gestiones se suman las solicitudes de subsidios por cargas familiares por haber terminado la prestación contributiva y no obtener un empleo.

Multitud de incidencias y procedimientos complejos

Al incrementarse las solicitudes de todo tipo de protección por desempleo, también se intensifica la demora en la obtención de cita la previa, en el reconocimiento y abono de las prestaciones, le explican los sindicatos a Díaz en la carta en la que denuncian el colapso del SEPE.

Todo ello provoca el consiguiente malestar de los usuarios, junto a la «presión añadida» para los trabajadores del SEPE que supone atender a las personas desempleadas en un intervalo de tiempo «cada día menor«.

También subrayan la gestión de la multitud de incidencias que todavía se presentan en las prestaciones por ERTE, además de las que han de solventarse por el abono de prestaciones indebidas, generando unos «procedimientos complejos de gestión y que incrementan de forma alarmante la resolución de los expedientes».

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