Los técnicos de Hacienda piden un cambio radical en el control del gasto público

Reclaman también más medios para evitar que se tengan que externalizar los servicios de inspección tributaria y recaigan sobre empresas privadas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa para presentar los Presupuestos de 2022

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Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han planteado este lunes una reforma de los órganos de control del gasto público de forma que se revisen desde la metodología y procedimientos de trabajo que usan los inspectores de hacienda hasta la organización y funcionamiento de los órganos de este sector.

Según ha recogido la agencia Europa Press, esta reforma que han dirigido directamente hacia el Gobierno afectaría a todas las instituciones encargadas del control del gasto público, como el Tribunal de Cuentas o las intervenciones de la administración local, autonómica y estatal.

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha apostado por un nuevo régimen de exigencia de responsabilidad administrativa que corrija lo que ha considerado «impunidad» que, si bien no constituyen un delito en España, sí suponen una «irresponsable disposición de fondos públicos».

Y es que, alerta Cruzado, las «debilidades» en el control del gasto público están muchas veces detrás de situaciones de corrupción política o empresarial en las que aparecen los delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

Necesitan más medios y recursos

Durante su intervención en el XXI Curso de la Inspección de los tributos locales, organizado por la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL), Cruzado ha pedido también al Gobierno más medios para evitar la ilegalidad que supone la externalización de la prestación de servicios de inspección tributaria en favor de empresas privadas.

En este sentido, el presidente de Gestha ha lamentado que en muchos ayuntamientos, debido a esta misma falta de medios, las administraciones locales han tenido que contratar empresas privadas para llevar a cabo labores de inspección tributaria que, en su opinión, «no garantizan la seguridad jurídica de los obligados tributarios y llegan a ejecutar competencias que implican ejercicios de autoridad, lo cual está prohibido en diversas normas».

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