Abertis reclama 328 millones a la Generalitat por el fin de los peajes catalanes

La compañía controlada por los Benetton y Florentino Pérez pidió hace un mes la indemnización aunque discrepa con el Govern por la cifra

Marcelino Fernandez Verdes, presidente de Abertis, y Florentino Pérez, presidente de ACS. EFE

Abertis se encuentra en litigio con el Gobierno por la indemnización tras el fin del contrato de Acesa, la mayor concesionaria de España (AP-7 y AP-2), que expiró el 31 de agosto. Ese mismo día también fue el último con las barreras bajadas en los peajes de la C-31/C-32 y la C-33, propiedad de la Generalitat de Catalunya, y aunque hasta ahora no ha trascendido, también hay pendiente una compensación que tiene muchos números para terminar en los juzgados.

Según ha podido saber Economía Digital, la compañía controlada por la familia Benetton y Florentino Pérez exige 328 millones de euros al Govern de Pere Aragonès como indemnización tras el fin de la concesión de Invicat, la filial de Abertis que gestionaba la C-31/C-32 y la C-33. Cursó la reclamación el pasado 7 de octubre y está pendiente de una respuesta.

La indemnización se basa en un convenio firmado entre Invicat y la Generalitat en 2010, en época del Tripartit, que contemplaba una serie de mejoras de la C-32 en la comarca del Maresme. Era Abertis la que corría a cargo de las mismas a cambio de una compensación que se debía liquidar al fin de la concesión, es decir, ahora.

Los 328 millones son la cifra calculada por Abertis según dicho convenio, pero la Generalitat hizo sus propios números y planteó dudas sobre que la indemnización ascienda a tal cantidad. Pese a ello, y al considerar que las objeciones del Govern no tienen efecto legal, la compañía que dirige José Aljaro cursó la reclamación por dicha cantidad. La administración catalana no ha respondido ni a Abertis ni a Economía Digital.

Aspecto del peaje de La Roca del Vallés (Barcelona), este martes, día que finalizan las concesiones de la AP-7 y la AP-2, liberando así tramos de autopistas que suman 556 kilómetros si se añaden los de la C-32 Norte y la C-33, lo que revertirá en un ahorro directo para los usuarios de estas vías. EFE/ Quique García
Uno de los peajes catalanes de Abertis el 31 de agosto, último día con las barreras bajadas. EFE

Como en el caso de la reclamación al Gobierno por Acesa, que asciende a unos 4.000 millones en total, la de Invicat tienen números para judicializarse, pues ambas partes discrepan sobre la cifra. En la compensación por la AP-7, el Ejecutivo reconoció algo más de 1.000 millones por obras pero el resto, compensación por un tráfico menos al previsto, la rechazó.

Fue ya el Gobierno de Mariano Rajoy el que dijo no a la concesionaria y luego el de Pedro Sánchez se ha ratificado. Por eso el caso se judicializó y el Tribunal Supremo terminó fallando diciendo que no decidiría, que las partes debían ponerse de acuerdo. Algo absurdo, pues el que debe pagar pero no quiere, no tiene ningún incentivo para buscar un pacto que le suponga desembolsar un solo euro.

El futuro método de pago de las autopistas, en el aire

Invicat era una de las concesionarias más jóvenes del rey de las autopistas españolas. Abertis la creó en 2010, de acuerdo con la Generalitat, para segregar de Acesa las vías que eran propiedad de la administración catalana: la C-31/C-32 de Montgat a Palafolls y la C-33 de Barcelona y Granollers, en total 66 kilómetros al norte del área metropolitana de Barcelona.

El contrato terminaba el 31 de agosto pasado y, como sucedió con Acesa, el Govern también decidió que no renovaría la concesión ni la licitaría de nuevo sino que la administración asumiría la gestión para idear un nuevo sistema de pago por uso de las vías. El anterior Govern pidió un informe a un grupo de expertos y agentes, que apostaron por la viñeta, pero no hay nada decidido al respecto.

A nivel español, el Ejecutivo de Pedro Sánchez habló primero de gestión pública de las autopistas, sin peajes y con el mantenimiento a cargo de los presupuestos, pero luego informó a la Comisión Europea que implementaría un nuevo sistema de pago por uso. Como la Generalitat, el Gobierno no ha cerrado el modelo definitivo pero habla del pago por kilómetro, con una pegatina en el coche, aunque Unidas Podemos no lo ve claro.

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