De Guindos y Albella se sentarán como testigos en el caso del Popular
Elvira Rodríguez, la predecesora de Albella al frente de la CNMV, también está citada e inaugurará la ronda de declaraciones en marzo del próximo año
El exministro de Economía, Luis de Guindos, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella y su predecesora, Elvira Rodríguez, comparecerán como testigos en el juicio por el Banco Popular. Los citados declararán entre marzo y abril del próximo año, según indica una providencia emitida poe el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.
Rodríguez será la primera en declarar. Lo hará el 4 de marzo de 2020 e inaugurará la nueva ronda de declaraciones en la causa contra el banco. Le seguirá su sucesor, Albella, que tiene su comparecencia fijada para el 18 de marzo. Es al presidente de la CNMV al que apuntarán la mayoría de los focos ya que apenas acababa de tomar posesión de su cargo, y antes había ejercido de asesor legal a través del despacho Linlaters, del que era uno de los socios.
El último será De Guindos, que comparecerá ante el tribunal el próximo 2 de abril. Se espera conocer su visión como ministro de Economía entre 2016 y 2018, ya que tuvo que hacer frente a la resolución de Popular a fecha de 7 de junio de 2017, ejecutada por iniciativa de la Junta Única de Resolución (JUR) de Europa.
La operación que se investiga conllevó la reducción a cero de las acciones y la deuda subordinada de Banco Popular. Entonces, se iinició la disputa legal, tanto ante la justicia española como ante la europea, para que miles de accionistas puedan ser compensados.
El proceso comenzó en octubre de 2017, cuando el juez Fernando Andreu, entonces titular del juzgado, admitió a trámite varias demandas contra los últimos gestores del banco, entre ellos, los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por varios delitos societarios.
Fue entonces cuando el juez Andreu abrió dos piezas separadas. La primera investiga al equipo de Ron por una ampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros que se habría llevado a cabo en 2016. La segunda parte investiga los 108 días de mandato de Saracho, centrando las pesquisas en un posible delito de manipulación de mercado con noticias falsas. El objetivo era hacer caer la cotización de las acciones de Popular.
