Nueva batalla en Renfe: compensaciones por retrasos de 15 minutos y choque con el Gobierno
Actualmente, Renfe devuelve la mitad del billete cuando los retrasos son superiores a los 60 minutos y la totalidad cuando exceden los 90 minutos
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Nueva batallan en Renfe. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a las compensaciones para los usuarios cuando los trenes de Renfe se retrasen más de 15 minutos. Sin embargo, el Gobierno ha expresado su rechazo frontal a la medida impulsada por los populares y está tratando de sabotear la iniciativa.
La propuesta que ha recibido el beneplácito de la Cámara Baja obliga a la compañía ferroviaria pública a recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE que suprimió en verano del año pasado para limitarlas a demoras de un mínimo de 60 minutos.
Desde entonces, Renfe cambió las condiciones de su compromiso de puntualidad, así como su política de devoluciones en la mayor parte de los servicios ferroviarios que ofrece. De esta manera, estableció que por un retraso superior a los 60 minutos se devuelva la mitad del billete, si bien en el caso de que la demora exceda los 90 minutos la devolución asciende a la totalidad del billete.
Indemnizaciones por retrasos
La medida ha prosperado con los votos a favor de los populares, Vox, UPN, Junts, ERC, Podemos y BNG, a pesar de que los socialistas y Sumar han votado en contra y PNV, Bildu y Coalición Canaria se han decantado por la abstención.
En octubre del año pasado, el PP ya defendió la iniciativa y cosechó el apoyo de la mayor parte de los partidos que conforman el arco parlamentario de la Cámara Baja. A pesar de ello, el Ministerio de Transportes no aplicó la medida.
Descontento en Renfe
La compañía ferroviaria pública ha advertido que evaluará la fórmula jurídica necesaria para continuar aplicando las indemnizaciones actualmente vigentes y ha defendido que son las «más ventajosas del sector» para sus usuarios, puesto que devuelven el doble que sus competidores para los usuarios que forman parte de su plan de fidelización.
A sus ojos, deberían de ser todos los operadores ferroviarios los que devuelvan el dinero si se retrasan menos de una hora, dado que sino será la única empresa española y pública perjudicada por el evidente agujero que generará en sus cuentas.
Después de recordar que hace más de treinta años circulaban seis trenes al día, por lo que las indemnizaciones desde cinco minutos de retraso «tenían sentido», ha hecho hincapié que en la actualidad están circulando más de 400 trenes cada día.
Con todo, ha expresado su estupefacción por que el PP quiera penalizar a Renfe y no a empresas privadas como Ouigo e Iryo. «Quiere penalizar a una empresa pública que ofrece un servicio fundamental a millones de personas», ha lamentado.
Impacto sobre la competencia
El Ministro de Transportes, Óscar Puente, no solo ha cuestionado la eficacia que tendrá la medida, sino que también ha alertado que «no es viable ni seguramente constitucional». Al competir Renfe con Ouigo e Iryo, ha considerado que no se pueden imponer unas condiciones injustas respecto a la competencia.
«Si impones un compromiso de puntualidad a Renfe, les estás obligando a trabajar con unas condiciones distintas a las otras dos, le estás abogando a no competir y eso está restringiendo el derecho que tiene la propia empresa a fijar sus precios y competir», ha explicado.
En este contexto, ha señalado que en un escenario de libre competencia con otras dos empresas, Renfe no puede verse obligada a tener un compromiso de puntualidad distinto. «Podría conllevar un incremento del precio de los billetes, y por tanto, una imposibilidad de competir», ha zanjado.
Las declaraciones del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, se han situado en la misma línea, al asegurar que comportaría una «asimetría injustificable». También ha valorado que la medida sigue un criterio «profundamente ideológico heredado de liberalismo», en el que lo público se encarga de lo no rentable.
«Es difícil entender que operadores privados que han venido a España a explotar una importante infraestructura que ha supuesto un esfuerzo inversor gigantesco por parte del Estado tengan condiciones diferentes y menos exigentes que el operador público», ha concluido.
