Fogasa se atasca: los trabajadores de empresas en quiebra esperan ahora casi el doble para cobrar

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, atraviesa uno de sus momentos más críticos en cuanto a agilidad administrativa. Su función, garantizar el pago de salarios e indemnizaciones a trabajadores cuyas empresas son insolventes o han entrado en concurso, se está viendo comprometida por un aumento significativo de los plazos de tramitación.

Entre enero y julio de 2025, el tiempo medio para resolver las solicitudes ha alcanzado los 28,52 días, lo que supone un incremento del 78,25% respecto a 2021, cuando la media era de apenas 16 días. Este retraso no es un mero dato estadístico: para muchos desempleados, cada día de espera implica la dificultad de afrontar gastos básicos como el alquiler o la hipoteca.

Provincias con demoras más severas

El problema no afecta por igual a todo el territorio. En siete provincias españolas el plazo medio supera los 40 días, un periodo que para muchos trabajadores significa un vacío financiero difícil de soportar.

Los peores registros se encuentran en Ceuta (51,88 días), seguida de Segovia (46,61), Badajoz (42,62), Barcelona (42,53), Tarragona (40,48), Teruel (40,37) y Melilla (40,04). La situación es especialmente grave en estos puntos, donde la carga de expedientes y la falta de recursos humanos parecen estar estrangulando la capacidad de respuesta.

Las cifras muestran que la presión sobre el Fogasa no es algo puntual. En los últimos tres años, las solicitudes no han dejado de crecer. Tras un repunte extraordinario durante la pandemia, la tendencia se mantiene al alza.

En el mismo periodo de enero a julio, se han registrado 38.097 solicitudes en 2023, 42.360 en 2024 y 46.219 en 2025, lo que representa un aumento del 21% en solo dos años. Este crecimiento no se ha correspondido, al menos hasta hace poco, con un incremento significativo en la plantilla del organismo.

Refuerzo de personal, pero sin impacto inmediato

Entre 2021 y 2023, la plantilla apenas pasó de 343 a 347 empleados, un aumento testimonial frente al volumen creciente de expedientes. No fue hasta 2024 cuando se produjo un refuerzo más notable, llegando a 404 trabajadores, lo que supone un incremento del 16,4%.

Este aumento coloca a Fogasa entre los organismos autónomos que más han reforzado su personal en el último año, ocupando el décimo puesto entre 57 entidades y el cuarto si se excluyen aquellas con más de 1.000 trabajadores. Pese a ello, el impacto en la reducción de los plazos aún no se ha materializado, lo que apunta a problemas estructurales más profundos.

Hasta julio de 2025, el Fogasa ha desembolsado 306,63 millones de euros a un total de 58.431 trabajadores. De esta cifra, 109,65 millones corresponden a salarios impagados y 196,99 millones a indemnizaciones.

Este gasto ya representa el 63% del presupuesto total de 2024, a falta de cinco meses para cerrar el ejercicio. De mantenerse el ritmo, el desembolso anual podría superar con creces el de años anteriores, evidenciando la magnitud de las quiebras y problemas empresariales que afectan al mercado laboral español.

El papel destacado de Navarra y el País Vasco

Un dato llamativo es que Navarra y el País Vasco han sido las comunidades con mayor incremento de gasto respecto al año anterior. En Navarra, Fogasa ha abonado 3,74 millones hasta julio (el 98% del total de 2024), mientras que en el País Vasco la cifra asciende a 18,49 millones, un 79% del gasto del ejercicio previo.

Estos datos no solo reflejan una mayor carga de expedientes en estas regiones, sino que se enmarcan en un debate político sobre la gestión del propio Fogasa.

La cesión de la gestión del Fogasa al Gobierno vasco es una de las reivindicaciones históricas recogidas en el Estatuto de Gernika. Durante la segunda legislatura de Pedro Sánchez, el Ejecutivo ha acelerado la transferencia de competencias pendientes, y la gestión del Fogasa forma parte del paquete vinculado a la Seguridad Social, que también incluye prestaciones no contributivas, parte de las políticas pasivas de empleo y la supervisión de mutuas.

El último encuentro de la comisión bilateral entre el Gobierno central y el vasco, celebrado el 15 de julio, acordó el traspaso de la gestión de prestaciones contributivas y seguro escolar. El lehendakari, Imanol Pradales, criticó la lentitud de los avances, aunque admitió que por primera vez en años “se ha abierto la puerta” a materializar estas transferencias antes de que acabe el año.

Un problema que va más allá de los plazos

El atasco del Fogasa no es solo un problema administrativo, sino que tiene un impacto directo en la vida de miles de personas. Quienes esperan el pago suelen ser trabajadores que han perdido su empleo y no cuentan con otras fuentes de ingresos, lo que convierte cada día de retraso en una amenaza para su estabilidad económica.

Expertos en derecho laboral advierten que la acumulación de expedientes, unida a los cambios normativos y a la complejidad de los concursos de acreedores, podría prolongar aún más los plazos si no se adoptan medidas urgentes.

Mientras tanto, los sindicatos reclaman no solo más personal, sino también mejoras tecnológicas y organizativas para agilizar las resoluciones, ya que el retraso actual duplica prácticamente el de hace apenas cuatro años.