Golpe a Correos: la justicia le obliga a pagar una indemnización a un trabajador por vulnerar el derecho a huelga
El Juzgado de lo Social de Plasencia se pronuncia sobre la denuncia interpuesta contra la compañía postal pública por parte de un trabajador
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La situación que atraviesa Correos es delicada. Tras acumular durante años pérdidas económicas, la compañía logró el año pasado mejorar los ‘números rojos’ hasta registrar un resultado ordinario negativo de 94 millones de euros. Con el objetivo de revertir su estado financiero, el servicio de paquetería y mensajería ha diseñado un plan estratégico, que contempla el refuerzo del sector postal tradicional y la adaptación a los nuevos hábitos de los consumidores.
Más allá de la transformación que está viviendo la empresa pública presidida por Pedro Saura, en el plano judicial también ha sido protagonista de algunos conflictos. Recientemente, el Juzgado de lo Social de Plasencia se ha pronunciado sobre la denuncia interpuesta contra Correos por parte de un trabajador, a quien la justicia ha dado la razón.
Conflicto judicial con un trabajador
La compañía postal pública ha sido condenada al desembolso de una indemnización de 7.501 euros al sindicato que interpuso una denuncia al considerar que ha vulnerado el derecho de huelga de uno de los empleados que conforman su plantilla en Hervás (Cáceres), recoge Hoy.
A finales del año pasado, el único empleado de la oficina situada en el municipio extremeño participó en la huelga convocada por el Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones, después de haber formalizado la petición para solicitar un día de asuntos propios en esa fecha y que el servicio de paquetería y mensajería denegara la solicitud.
Ante la situación, Correos optó por encargar a un trabajador de la oficina de Plasencia que se desplazar hasta la oficina de Hervás para desempeñar las funciones asociadas a su puesto, entre las que figura la apertura de la oficina y la caja fuerte. El empleado aseguró que se había vulnerado su derecho de huelga y que Correos había actuado bajo el propósito de rebajar el impacto de la protesta.
Por ello, se decantó por solicitar una indemnización por daños y perjuicios de 15.000 euros, o de forma subsidiaria, de 7.501 euros, en contraposición a la empresa que se mostró convencida que lo que había sucedido era un claro caso de «fraude de ley» y acusó al empleado de haber aprovechado el día de asuntos propios que no le había concedido.
Varapalo judicial para Correos
«Como explicó el trabajador en su interrogatorio, fue la denegación del día de asuntos propios, a su parecer de manera injustificada, lo que le llevó a ejercer su derecho de huelga», destaca en la sentencia el Juzgado de lo Social de Plasencia.
A ojos de la magistrada, el hecho de que el empleado no conociera el resto de los objetivos de la huelga no implica que su actuación fuera fraudulenta, puesto que uno de los objetivos que perseguía la protesta era acabar con la denegación injustificada de los permisos de asuntos propios.
Por ello, la justicia ha optado por dar la razón al empleado, ha descartado el fraude de ley y ha considerado que la forma de proceder de Correos atenta en este caso contra el derecho de huelga.
Más allá de emplazar a la compañía postal pública a cesar de inmediato en sus prácticas, ha ordenado la reposición del sindicato a la situación previa a la vulneración.
Indemnización de más de 7.000 euros
También ha aplicado el artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y ha condenado a Correos a abonar una indemnización de 7.501 euros al Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones por los daños morales derivados de la vulneración.
Cabe destacar que la cuantía corresponde a la petición subsidiaria del demandante y se ha establecido teniendo en cuenta que la sustitución de un empleado en huelga se considera una falta muy grave.
A pesar de ello, se ha tenido en cuenta como atenuante en la cuantía el hecho de que la vulneración ha tenido lugar en un único día y también que no se ha apreciado reincidencia.
Con todo, la sentencia no es firme, por lo que la compañía postal pública podría decidir recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
