Iberdrola y Endesa piden reducir al mínimo los impuestos a la electricidad en plena batalla por el cobro de las redes

Las grandes eléctricas reclaman reducir al mínimo e incluso eliminar los impuestos especiales a la electricidad que pagan actualmente. Tanto Iberdrola como Endesa consideran excesivos gravámenes como el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) o el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que consideran lastran la competitividad de la industria.

El sector eléctrico está en un momento crucial para el futuro del país y sus objetivos de descarbonización, electrificación y desarrollo de industrias pujantes como la de los centros de datos.

No obstante, son diferentes los frentes abiertos que el Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las grandes compañías eléctricas del país deben afrontar en los próximos meses.

La publicación de los mapas de acceso a la demanda de las redes reflejaron el gran colapso al que se enfrenta la industria para poder conectarse y desarrollar proyectos millonarios en el país.

Pero, más allá de las redes, la fiscalidad es otro de los puntos calientes que separan los intereses de las grandes compañías del sector con los del Ejecutivo de Pedro Sánchez y así lo han destacado Iberdrola y Endesa durante una jornada sobre la industria química y la energía organizada por el Club Español de la Energía (Enerclub) y la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique).

«¿Cómo puede ser que la electricidad pague cuatro veces más impuestos que el gas en España? Es absurdo dar incentivos, planes, eficiencias, PERTES, proyectos o fondos públicos para subsanar una propia deficiencia que genera el propio Estado a través de los impuestos a la electricidad», señaló Patxi Calleja, director de regulación de Iberdrola.

El impuesto especial, el IVA y el IVPEE

El directivo de la multinacional que preside Ignacio Sánchez Galán puso el foco en el IVPEE, que grava el 7% de la generación eléctrica. «Cuando Trump estaba mirando a los aranceles vio el 7% y dijo: ‘hombre si estos señores tiene un arancel inverso, le gravan a la energía autóctona producida en su país algo que no gravan a la energía importada’«, bromeó Calleja.

El IVPEE fue introducido como un tributo medioambiental y fue suspendido temporalmente desde el tercer trimestre de 2021 hasta finales de 2023 a raíz de la crisis de precios energéticos por la guerra de Ucrania.

En 2024 se eliminó la suspensión y el impuesto volvió a estar vigente, aumentando progresivamente hasta su tipo impositivo habitual del 7%. PP y Junts trataron de tumbar el gravamen a través de una enmienda a un Proyecto de Ley, pero el Gobierno finalmente lo tumbó.

Por otro lado, está el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que grava el suministro de electricidad para consumo y el consumo por el productor de la electricidad que él mismo genera.

«Este impuesto es prácticamente un 5% sobre el precio de la electricidad, cuatro veces mayor que el impuesto al gas. ¿Qué sentido tiene eso?», espetó el responsable de regulación de Iberdrola en línea con los desafíos a los que se enfrenta el país para cumplir los objetivos de electrificación.

Por su parte, María José López, analista de regulación de Endesa, también expresó su desencanto con los impuestos específicos que soporta el sector eléctrico y recordó que desde Bruselas ya se ha instado a España y al resto de Estados miembro a reducir este tipo de tributos.

«Los impuestos deben reducirse al máximo posible que permite la regulación. En el caso español, el IVA de electricidad debería ser mínimo, el impuesto de la producción de la energía eléctrica debiera desaparecer y el impuesto eléctrico también debe pasar al mínimo posible. Estos serían los casos que ya nos está indicando la regulación europea que tenemos en cuenta», aseveró.

«Los cargos suponen un 34% de la factura final… ¿Se hizo a drede todo esto? No. Se desarrolló una fiscalidad cuando las energías eran sustitutivas, nada más. Son cosas del pasado».

Iberdrola y Endesa presionan para subir la retribución a las redes

La demanda en materia fiscal de las grandes eléctricas es una de tantas que piden tanto al Ministerio de Transición Ecológica que lidera Sara Aagesen como a la CNMC.

La saturación de las redes para dar acceso a más demanda, superando el 83% en conjunto y más del 90% en algunas provincias, ha servido como argumento para que las compañías reclamen una mayor retribución para la inversión en la modernización y el despliegue de nuevas redes.

Aagesen ya ha sacado a consulta pública la nueva regulación que propone aumentar el límite a la inversión en redes, con un plan que contempla 13.590 millones para la distribución y el transporte.

Se trata de una concesión que las eléctricas llevaban tiempo reclamando, si bien no la única. Para acometer esas inversiones, deben contar con una retribución para el próximo periodo regulatorio hasta 2030.

Competencia ha propuesto aumentar la tasa hasta el 6,46%, cifra insuficiente para las compañías del sector que piden elevar este pago hasta el 7,5%, en línea con lo que se paga en otros países europeos.

Cabe destacar que este incremento se verá reflejado en la factura de la luz de todos los consumidores. Los próximos meses serán determinantes para establecer el marco regulatorio que entrará en vigor en 2026.