Investigaciones y una demanda millonaria acorralan a los ex jefes de First Brands
La nueva dirección de First Brands ha presentado una demanda adversaria contra Patrick James y varias sociedades vinculadas
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La bancarrota del gigante estadounidense First Brands especialista en componentes de automoción supone un revés para el mercado norteamericano. Actualmente cuenta con una deuda que ronda los 12.000 millones de dólares y una cascada de investigaciones civiles y regulatorias sobre su fundador, Patrick James, y sus antiguos directivos.
El caso no solo amenaza a los exjefes del grupo, que afrontan demandas millonarias y procesos en varios tribunales, sino que también ha salpicado a entidades financieras internacionales como Jefferies y Banco Santander a través de complejas estructuras de financiación y vehículos de inversión en Europa.
First Brands Group creció a golpe de adquisiciones en el sector de recambios de automoción, financiándose con grandes volúmenes de deuda corporativa y estructuras de factoring de cuentas a cobrar y vehículos fuera de balance.
Cuando el grupo se acogió al Capítulo 11 en Estados Unidos, los documentos de bancarrota reflejaban pasivos totales próximos a 12.000 millones de dólares, muy por encima de los beneficios generados por un negocio con unos ingresos anuales de unos 5.000 millones.
Los nuevos gestores acusan ahora a Patrick James de haber impulsado una estrategia financiera de alto riesgo, basada en deuda respaldada por facturas y colateral reutilizado, que dejó a la empresa con apenas 12 millones de dólares de caja en el momento de la quiebra.
Esa “telaraña” de financiación ha arrastrado a centenares de acreedores: bancos, fondos de crédito privado, proveedores industriales y compañías de servicios que se han visto atrapados en el concurso.
La presión sobre la antigua cúpula se ha intensificado con cuatro investigaciones paralelas en Estados Unidos, entre ellas un Comité de Acreedores No Garantizados y un Comité Especial de Investigación nombrado en el procedimiento concursal, además de al menos otro proceso judicial sellado en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Texas.
A ello se añaden posibles pesquisas penales: la demanda interna de la compañía menciona que James y otros ejecutivos están bajo la lupa de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presunta mala praxis ligada a la financiación del grupo.
Foco en el crédito privado
La nueva dirección de First Brands ha presentado una demanda adversaria contra Patrick James y varias sociedades vinculadas, en la que les acusa de “grave mala conducta” y de haber utilizado la empresa como una herramienta para enriquecerse personalmente a costa de los acreedores.
Según esa querella, el fundador habría asegurado miles de millones en financiación mediante facturas inexistentes o manipuladas y estructuras de vehículos especiales, para luego desviar cientos de millones hacia su propio patrimonio y el de su entorno familiar.
La compañía sostiene que James impulsó dos grandes estrategias: por un lado, generar hasta 2.300 millones de dólares en obligaciones de factoring sobre cuentas a cobrar basadas en facturas falsas o infladas; por otro, recurrir a vehículos especiales que contrajeron otros 2.300 millones de deuda, llegando incluso a doble pignorar colateral que ya estaba comprometido.
Este patrón ha despertado fuertes alarmas entre reguladores y bancos sobre los riesgos de estructuras opacas de financiación de circulante y la falta de visibilidad real sobre los activos que respaldan los préstamos.
El caso se ha convertido en un símbolo de las vulnerabilidades del crédito privado, un mercado que mueve cientos de miles de millones a través de fondos especializados y financiaciones directas a empresas medianas y grandes fuera del circuito bancario tradicional.
La quiebra de First Brands ha reavivado el debate sobre la capacidad de los inversores para evaluar riesgos en operaciones complejas y sobre la necesidad de mayor transparencia y supervisión en estos vehículos, especialmente cuando concentran grandes exposiciones a un solo emisor.
Mientras tanto, Patrick James y otros dos exdirectivos, Stephen Graham y Michael Baker, han solicitado al juez poder utilizar las pólizas de seguro D&O (directores y administradores) contratadas por la empresa para sufragar unos honorarios legales que aseguran ya no poder pagar personalmente.
La nueva dirección se opone al uso de estas coberturas alegando que podría violar la Ley de Quiebras y mermar los recursos disponibles para los acreedores, lo que anticipa otra batalla jurídica clave en el caso.
