La Justicia ratifica la condena a Decathlon por vulnerar derechos sindicales

La batalla judicial entre Decathlon España y la Federación de Servicios de CCOO ha llegado a su punto final con un fallo contundente del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha ratificado íntegramente la condena impuesta previamente por la Audiencia Nacional contra la multinacional del deporte por vulnerar de forma reiterada el derecho fundamental a la libertad sindical, poniendo así fin a un proceso marcado por años de conflictos laborales y recursos judiciales.

La resolución supone un serio revés reputacional y económico para la compañía, que deberá afrontar una indemnización total superior a los 34.000 euros, además del pago de las costas procesales. Más allá de las cifras, el fallo consolida judicialmente la tesis de que la empresa mantuvo una conducta antisindical sostenida en el tiempo, incompatible con los derechos recogidos en la legislación laboral española.

El Supremo cierra la vía de recurso y convierte la sentencia en firme, dejando claro que las prácticas analizadas no fueron hechos aislados, sino una estrategia continuada que lesionó derechos fundamentales de la representación legal de los trabajadores.

Un fallo firme tras años de litigio laboral

El pronunciamiento del Tribunal Supremo llega tras un largo recorrido judicial, iniciado por una demanda de tutela de derechos fundamentales presentada por CCOO Servicios. El sindicato denunció lo que consideraba una política empresarial sistemática de bloqueo a la acción sindical, tanto en el acceso a información como en el ejercicio efectivo de las funciones representativas.

La Audiencia Nacional ya dio la razón al sindicato en junio de 2024, al concluir que Decathlon había incurrido en múltiples vulneraciones de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS). Aquella resolución declaró nulas varias actuaciones empresariales y ordenó el cese inmediato de las conductas consideradas ilícitas.

Lejos de aceptar el fallo, la empresa recurrió ante el Supremo, que ahora desestima el recurso de casación y avala punto por punto el análisis jurídico realizado por la Audiencia Nacional, reforzando la gravedad de los hechos acreditados durante el proceso.

Conductas antisindicales acreditadas por los tribunales

Los tribunales han considerado probado que Decathlon incurrió en una negativa reiterada a facilitar información relevante a los delegados sindicales, un derecho esencial para el correcto desempeño de su labor. Esta falta de transparencia fue calificada judicialmente como sistemática y consciente, lo que agrava su impacto legal.

Además, la empresa obstaculizó el uso de tablones de anuncios y canales telemáticos por parte de la sección sindical, impidiendo la comunicación con la plantilla. Los jueces entendieron que esta conducta no respondía a causas organizativas justificadas, sino a una voluntad expresa de limitar la actividad sindical en los centros de trabajo.

A ello se sumó la restricción del crédito horario sindical, así como la negativa a compensar el tiempo dedicado por los representantes de los trabajadores a funciones propias de su cargo. El conjunto de estas actuaciones fue considerado una vulneración grave y directa de derechos fundamentales, incompatible con el marco constitucional.

Indemnización, multa y costas por mala fe procesal

Como consecuencia de estas infracciones, la sentencia firme obliga a Decathlon a abonar 30.000 euros en concepto de daños y perjuicios por la lesión del derecho de libertad sindical. A esta cantidad se añade una multa de 3.000 euros por temeridad procesal, una sanción poco habitual que subraya la valoración negativa del comportamiento de la empresa durante el litigio.

El Tribunal Supremo también impone el pago de 1.500 euros en costas judiciales, cerrando así el impacto económico directo del procedimiento. Pero más allá del importe, el Alto Tribunal pone el acento en la actitud procesal de la compañía, a la que reprocha haber actuado con mala fe.

Según recoge la sentencia, la estrategia defensiva de la empresa se basó en argumentaciones extensas, reiterativas y carentes de lógica, centradas en aspectos irrelevantes que dilataron innecesariamente el proceso y pusieron a prueba la paciencia del tribunal.

Un varapalo a la imagen corporativa de la multinacional

El fallo judicial ha sido recibido por CCOO como una victoria sindical de gran calado, que deja al descubierto una cara menos conocida de una empresa que suele asociarse a valores como el bienestar, el deporte y la vida saludable.

Desde el sindicato denuncian que, tras esa imagen de marca, se esconde una política laboral marcada por la precariedad, la presión sobre las plantillas y la falta de conciliación, especialmente cuando los trabajadores tratan de organizarse para defender condiciones dignas.

La referente sindical Ester Rodríguez ha subrayado que la sentencia evidencia una cultura corporativa más dispuesta a invertir recursos en litigios que en mejorar el clima laboral, y que responde a la acción sindical con actitudes propias de épocas que se creían superadas.

Un punto de inflexión para las relaciones laborales en Decathlon

Para CCOO Servicios, la resolución del Supremo marca un antes y un después en las relaciones laborales dentro de la compañía. Al tratarse de una sentencia firme, sin posibilidad de recurso, la empresa queda obligada no solo a cumplir las sanciones económicas, sino a modificar de raíz su comportamiento interno.

El sindicato considera que este fallo ofrece a la dirección de Decathlon una oportunidad para rectificar, abandonar prácticas consideradas antidemocráticas y normalizar el ejercicio del derecho constitucional a la acción sindical en todos sus centros de trabajo.

La sentencia también lanza un mensaje claro al conjunto del tejido empresarial: la vulneración de derechos fundamentales no queda impune, especialmente cuando se acredita una conducta reiterada en el tiempo y una actitud de resistencia frente a los órganos judiciales.

En un contexto de creciente escrutinio sobre las políticas laborales de las grandes multinacionales, el caso Decathlon se convierte así en un referente judicial que refuerza la protección efectiva de la libertad sindical en España.