Mazón elimina la ecotasa nuclear en vísperas de la cumbre de Iberdrola, Endesa y Naturgy
Las propietarias de la central nuclear de Almaraz pedirán al Gobierno ampliar su vida hasta 2030
Carlos Mazón mantiene un encuentro con el presidente de Iberdrola
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Iberdrola, Endesa y Naturgy se reúnen la próxima semana para decidir sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz en Extremadura. A pocos días de la cumbre energética, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, acaba de suprimir la ‘ecotasa’ de la región con la aprobación de los presupuestos, poniendo en un brete a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ambos del Partido Popular.
La fiscalidad es el principal punto de desencuentro entre las propietarias y el Gobierno, pero también un tema de división en el principal partido de la oposición.
La central extremeña es la primera que echará el cierre según el calendario pactado en 2019, en caso de que las energéticas y el Gobierno no lleguen a un acuerdo para alargar su vida útil.
Con este escenario, Mazón ha puesto la presión ahora sobre el Ejecutivo que lidera Guardiola y el impuesto medioambiental o ‘ecotasa’ que aplica en la región y que supone unos 85 millones de euros para las arcas extremeñas.
Dicho impuesto, denominado oficialmente Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, es uno de los tributos propios más significativos de la comunidad autónoma. Sólo en 2022, representó cerca del 88% de la recaudación por tributos propios de Extremadura.
La eliminación del tributo del dirigente valenciano ha salido adelante gracias a los presupuestos generales de la comunidad que ha aprobado con el apoyo de Vox. El impuesto suponía unos 14 millones de euros que abonaba la central de Cofrentes, propiedad al 100% de Iberdrola.
Pero en Extremadura no tienen entre sus planes suprimir el gravamen medioambiental que aplican sobre todo a Almaraz, cuya propiedad está repartida entre Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%).
La consejera de Hacienda y Administración Pública de la junta, Elena Manzano, destacó recientemente que el problema no era eliminar una tasa de 85 millones para una región que produce el 10% de la electricidad del país, sino en la recaudación estatal.
«Si ese 10% se aplicase sobre toda la recaudación, unos 900 millones como mínimo tendrían que llegar a Extremadura. Nos están pidiendo que bajemos la recaudación, que anulemos la recaudación, pero si es que este no es el problema», apuntó.
Además, el Gobierno de María Guardiola también votó en contra de una propuesta de Vox el pasado mes de abril para reducir el impuesto a la mitad de lo que supone actualmente.
Esta división entre las posiciones en materia energética y fiscal que mantienen dos comunidades autónomas que gobierna el PP también complica el discurso del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien se ha mostrado en diferentes ocasiones a favor de la continuidad de los reactores nucleares españoles.
De hecho, el PP registró en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para ampliar la vida útil de las centrales, aunque sin un plan de rebaja fiscal, punto esencial para las empresas propietarias.
Una carga fiscal de 1.500 millones
Más allá de la Comunidad Valenciana y Extremadura, Cataluña también cuenta con su propia ‘ecotasa’, a través de la cual recauda anualmente ente 150 y 165 millones de euros. Este tributo se aplica a las centrales de Ascó I, Ascó II y Vandellòs, en manos de Endesa y en menor porcentaje de Iberdrola.
Este impuesto, establecido en 2020, grava la producción, almacenamiento y transformación de energía nuclear a una tasa de 0,00665 euros por kilovatio hora (6,65 €/MWh), lo que lo convierte en uno de los más altos de España en este ámbito.
Endesa ha pagado 578 millones en cinco años, según consta en sus informes financieros. Por su parte, la central nuclear de Trillo, situada en Guadalajara, no cuenta con ningún impuesto medioambiental en la región, donde gobierna el PSOE a través de Emiliano Page. Pero las ecotasas son sólo uno de los tipos de impuestos específicos que pagan las nucleares y que creen redundantes.
Así, tributos como el IVPEE (impuesto a la producción eléctrica que grava el 7%), el impuesto para para costear la vigilancia especial que hace la Guardia Civil en sus instalaciones, la tasa para financiar los trabajos del Consejo de Seguridad Nuclear o para el combustible gastado engordan la factura fiscal.
No obstante, el impuesto que más quebraderos de cabeza está dando para la negociación es el conocido como tasa Enresa. Está diseñada para costear el desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos.
Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP tienen judicializada la subida del 30% en la recaudación que el Gobierno impuso y por la que tendrán que abonar una mayor cantidad este 2025. En total, las compañías energéticas abonan unos 1.500 millones de euros en impuestos de forma anual.
Iberdrola, Endesa y Naturgy pedirán la ampliación de Almaraz hasta 2030
Con estos mimbres, las propietarias de Almaraz se reunirán la semana que viene para abordar la continuidad de la central. No obstante, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ya ha anunciado que pedirán al Gobierno alargar la vida útil de las instalaciones hasta el año 2030.
El directivo ha señalado en el foro CREO 2025, organizado por Cinco Días, que una extensión en dos y tres años de cada uno de sus ciclos, hasta 2030, no representa «un cambio radical» y ha añadido que es una petición en la que hay consenso entre sus tres propietarios, Iberdrola, Endesa y Naturgy.
