La fiscalidad nuclear, principal batalla entre Iberdrola, Endesa, Naturgy y el Gobierno: 1.500 millones en juego

El Gobierno y las propietarias de las centrales nucleares, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, mantienen el pulso en el debate sobre el cierre de las instalaciones con la fiscalidad en el punto de mira. Mientras las eléctricas buscan reducir la factura de 1.500 millones de euros en impuestos para decidir si proponen alargar la vida de Almaraz o no, desde el Ejecutivo ahora no ven problema mientras no suponga un «sobrecoste para el ciudadano».

La postura antinuclear que ha mantenido el Gobierno durante los últimos años, con Teresa Ribera al frente del ministerio responsable del calendario de cierre pactado en 2019, la opinión actual parece haberse moderado en el discurso de su sucesora.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, aseguró este martes en una entrevista en Onda Cero que está por la labor de analizar las propuestas de las empresas propietarias para alargar la vida de las centrales. Siempre, eso sí, que no supongan un sobrecoste para los ciudadanos y se hagan «con total seguridad».

No obstante, es en este punto económico donde la negociación se enquista entre las partes. Iberdrola, Endesa y Naturgy, los tres accionistas de la central nuclear de Almaraz, la primera que esta prevista para su cierre, celebrarán el próximo junio la cumbre para decidir sobre el futuro de las instalaciones.

De la prolongación de Almaraz, donde uno de sus reactores se desconectará en noviembre de 2027 si nada cambia, depende también la ampliación de la vida útil del resto.

Las eléctricas presionan para rebajar una factura fiscal de 1.500 millones

La central extremeña es una de las instalaciones que más electricidad producen al sistema eléctrico nacional, generando el 7% de la demanda total. De igual modo, es uno de los activos que más dinero paga en impuestos, con unos 435 millones anuales repartidos entre diferentes tributos, algunos específicos que sólo paga la energía nuclear.

En total, las energéticas pagan en impuestos 28 euros por cada megavatio hora (MWh) que producen y que, sumados a otras tasas, elevan la carga fiscal hasta los 1.500 millones de euros según datos de la consultora PwC.

Desde Foro Nuclear, patronal que agrupa a Iberdrola y Endesa, han reiterado en numerosas ocasiones la presión fiscal que soportan. Su presidente, Ignacio Araluce, destacó en el foro ‘La energía nuclear, a debate’, organizado por ECONOMÍA DIGITAL, que las propietarias están «acribilladas a impuestos» y que, a pesar de financiar completamente la gestión de sus residuos radiactivos, no reciben el mismo trato que otras tecnologías.

Así, las compañías pagan la tasa Enresa, diseñada para costear el desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos. El año pasado abonaron 504 millones en este concepto, si bien el Gobierno ha aumentado un 30% la recaudación de este tributo y las empresas judicializaron la medida por la que tendrán que abonar más dinero este 2025.

Pese al nombre coloquial, no se trata de una tasa sino de una prestación patrimonial no tributaria. Sirve para que las empresas hagan aportaciones a un fondo con el que se pagará posteriormente la gestión de los residuos y el desmantelamiento de los reactores que deben asumir por ley.

También cuentan con el impuesto sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear y residuos radiactivos por el que abonaron 290 millones el año pasado.

Asimismo, tienen que hacer frente a las tasas medioambientales o ecotasas que algunas comunidades autónomas aplican desde hace años. Territorios como Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana recaudaron de las eléctricas 266 millones en 2024 a través de estos instrumentos fiscales.

No obstante, el Gobierno valenciano ha anunciado que eliminará su tasa autonómica que afecta a la central nuclear de Cofrentes. Preguntada por si eliminará el impuesto regional en Extremadura, la consejera de Hacienda y Administración Pública extremeña, Elena Manzano, ha recordado que «las comunidades autónomas tienen la capacidad de fijar y establecer sus propias figuras tributarias”.

Por el contrario, el ejecutivo del PP ha puesto el foco en los 900 millones de euros que Extremadura debería recibir si se aplicase a la recaudación tributaria del Estado que está vinculada al sector eléctrico, que ronda los 9.000 millones de euros anuales.

Ya que la región produce el 10% de la electricidad del país. La ecotasa regional supuso más de 80 millones de recaudación para Extremadura el año pasado.

Más allá de los impuestos mencionados, las centrales nucleares también pagan diferentes tributos como el IVPEE (impuesto a la producción eléctrica que grava el 7%) y otros para costear la vigilancia especial que hace la Guardia Civil en las instalaciones, que supusieron cerca de 20 millones, así como una tasa para financiar los trabajos del Consejo de Seguridad Nuclear por más de 36 millones.

Los mencionados impuestos estatales y autonómicos se debaten estos días ante el inminente cierre de las centrales nucleares que actualmente aportan el 20% de la electricidad al sistema eléctrico español.

Tal y como se desprende de los mensajes y reacciones de una y otra parte, un acuerdo fructífero entre Gobierno y propietarias sobre la fiscalidad es el único camino para ampliar la vida útil de los reactores.