Las medidas antiapagón de Red Eléctrica disparan un 24% la quema de gas para generar luz en España
La demanda de gas sigue aumentando con el debate sobre el control de tensión del sistema eléctrico en el foco
La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor; el CEO de Redeia, Roberto García Merino, y la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez, ofrecen una rueda de prensa en la sede de Red Eléctrica en Tres Cantos
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España continúa disparando la quema de gas y evitar más apagones como el del 28 de abril de 2025. La decisión de Red Eléctrica de incrementar el uso de ciclos combinados ha provocado un aumento del 24% en la demanda de gas para generar electricidad durante el primer trimestre de 2026, priorizando la seguridad de suministro, pero contribuyendo al aumento de emisiones de CO2.
La demanda total de gas natural —incluyendo exportaciones— alcanzó los 103,2 teravatios por hora (TWh) entre enero y marzo, un 4,2% más que en el mismo periodo de 2025, según los últimos datos aportados por Enagás, el gestor de las infraestructuras gasistas españolas, en su presentación de resultados.
Este crecimiento se explica, casi en exclusiva, por el tirón del sector eléctrico: el consumo de gas para generación se disparó un 24%, hasta los 23,4 TWh, impulsado por una mayor participación de los ciclos combinados tras el episodio de “cero eléctrico” que dejó sin luz a la península ibérica y parte de Francia.
La compañía explica que este incremento destacado de las centrales de gas, en manos de las grandes energéticas, se ha producido a causa del incidente «como refuerzo a la seguridad de suministro eléctrico».
Este nuevo escenario energético contrasta con la evolución de la demanda convencional, que retrocedió un 2,6% entre enero y marzo. En particular, el consumo industrial cayó un 4,1%, lastrado por la menor actividad de la cogeneración.
En la práctica, el sistema gasista está compensando la debilidad industrial con una mayor dependencia del sector eléctrico, que actúa como válvula de ajuste en un contexto de mayor prudencia operativa.
Se trata de la denominada “operación reforzada”, el protocolo activado por Red Eléctrica para blindar el sistema ante nuevos fallos, aumentando el peso de tecnologías firmes como el gas frente a otras intermitentes como las renovables, lo que reduce el riesgo de inestabilidad pese a de coste y sostenibilidad.
La versión que desde entonces ha mantenido la compañía que preside Red Eléctrica es que este modo de operar lo seguirá manteniendo hasta que, según dice, las eléctricas cumplan con el control de tensión.
La controversia del control de tensión
Además de la programación del mix energético para el día del apagón, otro de los puntos que destaca el informe del comité de análisis del Gobierno habla precisamente de los errores en este este control de tensión por parte de las grandes eléctricas en algunas de sus centrales.
En esta línea, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, aseguró este martes en el Congreso que el día del apagón existían mecanismos regulatorios «suficientes» para controlar la tensión del sistema y en ningún momento se produjo un «vacío normativo».
Fernández aseguró que había un procedimiento de operación vigente en materia de control de tensión, de obligado cumplimiento, y que era conocido por los agentes y por el operador del sistema. Ahora se está investigando si efectivamente todos los operadores estaban cumpliendo.
El regulador, a petición de Red Eléctrica, estuvo durante años tramitando un nuevo procedimiento de operación del sistema eléctrico clave, el PO 7.4., si bien no llegó a aprobarse hasta después del apagón.
Se trata de una medida que ha empezado a implementarse recientemente y que consiste en habilitar a las plantas renovables (fotovoltaicas y eólicas) para llevar a cabo estos controles de tensión al igual que hacen otras instalaciones de gas, nucleares o hidroeléctricas.
Pese a haberse agilizado la implantación de este procedimiento, no se espera que esté 100% operativo hasta finales del ejercicio, por lo que aún hay dudas sobre en qué momento dejará Red Eléctrica de utilizar la «operación reforzada».
Red Eléctrica cifra el coste en 660 millones
En cuanto al sobrecoste que está teniendo este modo de actuar hasta la fecha, el operador del sistema lo ha cifrado en 660 millones de euros, que van a parar a los costes fijos de las facturas eléctricas de todos los ciudadanos.
La presidenta de la CNM ha defendido que la cifra es acotada en términos relativos y debe leerse en el contexto de unos precios eléctricos que siguen por debajo de los niveles de 2023.
Según sus estimaciones, esta cifra supone algo más del 4% del coste total de la energía y, para un consumidor medio acogido a la tarifa regulada (PVPC) con un consumo de unos 300 kWh, el impacto ronda los cuatro céntimos diarios.
En paralelo, el apagón sigue generando consecuencias en el ámbito regulatorio. La CNMC ha incoado 20 expedientes sancionadores relacionados con el incidente, aunque solo el de Red Eléctrica se ha abierto por presuntas infracciones “muy graves”.
Este hecho ha situado al operador del sistema en el centro del escrutinio y ha dado argumentos a las dos mayores eléctricas del país para cargar la responsabilidad en Red Eléctrica.
Los consejeros delegados de Iberdrola España y Endesa restaron relevancia a los expedientes que afectan a sus compañías y apuntaron directamente a la responsabilidad de Red Eléctrica en la gestión del sistema en sus comparecencias ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.
